La resistencia comunitaria frente a ICE se expande en ciudades de Estados Unidos

La intensificación de las operaciones de inmigración en distintas ciudades del país ha provocado una respuesta que va más allá de protestas aisladas. Desde Minneapolis hasta Chicago, comunidades enteras han comenzado a organizarse para proteger a sus vecinos, documentar abusos y desafiar legalmente las tácticas federales que, según activistas, abogados y académicos, están cruzando límites constitucionales.

Organización vecinal y escuelas como espacios de defensa

Amanda Otero, madre del sistema de escuelas públicas de Minneapolis y codirectora ejecutiva de Take Action Minnesota, describió un escenario marcado por el miedo, pero también por una respuesta comunitaria sin precedentes. “Estamos presenciando actos horribles en nuestros vecindarios y en nuestras escuelas, pero al mismo tiempo estoy increíblemente orgullosa de ser de Minnesota ahora mismo”, afirmó.

Otero explicó que miles de personas se han organizado en equipos locales para ofrecer transporte, alimentos y asistencia para el pago de renta a familias que tienen miedo de salir de sus casas. También relató la creación de patrullajes comunitarios alrededor de escuelas. “Estamos haciendo ICE Watch y patrullando escuelas para asegurarnos de que nuestros niños puedan entrar y salir de forma segura”, dijo.

Al referirse al impacto del asesinato de Renée Nicole Good, una madre del sistema escolar público, Otero subrayó que el hecho actuó como un catalizador. “Muchos de nosotros nos vimos reflejados en ella”, señaló, y agregó que la presencia de agentes federales usando gas lacrimógeno en terrenos escolares dejó una huella profunda en la comunidad. Para ella, estos episodios no son excepciones: “Estas acciones están ocurriendo todos los días, en cada barrio”.

Defensa comunitaria y presión económica

Desde la experiencia de Chicago, Seri Lee, subdirectora de organización de ONE Northside, detalló cómo su ciudad enfrentó operativos masivos con decenas de agentes federales durante varios meses. “Nos enfocamos en tres estrategias principales: educación, defensa comunitaria y ayuda mutua”, explicó.

Lee destacó el énfasis en enseñar a las personas a conocer y ejercer sus derechos. “No abras la puerta, pide una orden judicial”, resumió al describir los entrenamientos realizados barrio por barrio. La organización también creó líneas telefónicas de emergencia y formó a miles de residentes para documentar operativos de ICE.

Uno de los momentos más reveladores, contó, fue la detención de una trabajadora de guardería cuando iba a su empleo. “Esa misma noche, más de 400 personas salieron a protestar en el vecindario, y ella fue liberada”, relató.

Más allá de la defensa inmediata, Lee explicó que surgió una cuarta estrategia: pasar a la ofensiva. Esto incluyó campañas para exponer y presionar a empresas con contratos con ICE. “Queríamos imponer costos económicos y políticos a quienes están facilitando la destrucción de nuestras comunidades”, dijo, citando acciones coordinadas frente a tiendas de AT&T en distintas regiones de Illinois.

El rechazo nacional a la agenda de deportaciones

Desde una perspectiva nacional, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, calificó el momento actual como decisivo. “Los ataques contra inmigrantes son la punta de lanza de ataques contra todos los estadounidenses”, afirmó, señalando que la muerte de Good evidenció que las políticas de deportación afectan tanto a ciudadanos como a no ciudadanos.

Cárdenas sostuvo que la opinión pública está cambiando. “Los estadounidenses están viendo en tiempo real cómo se ve una agenda basada solo en la aplicación de la ley, y la están rechazando”, dijo. Citó encuestas que muestran que una mayoría considera que ICE ha ido demasiado lejos, incluso entre votantes independientes.

Sin embargo, advirtió que ese rechazo no se traduce automáticamente en apoyo a propuestas de reforma. “Aunque la mayoría rechaza lo que hace ICE, eso no significa que confíen en las soluciones demócratas”, explicó, destacando que el discurso sobre seguridad fronteriza sigue pesando en la percepción pública.

La batalla legal y los límites constitucionales

Ann Garcia, abogada senior del National Immigration Project, describió un panorama legal marcado por demandas urgentes y retrocesos judiciales. Relató casos en los que agentes federales “apuntaron armas a manifestantes pacíficos, arrestaron observadores legales y siguieron personas hasta sus casas para intimidarlas”.

Garcia detalló una demanda colectiva presentada en Minnesota, en la que ciudadanos denunciaron la violación de sus derechos de la Primera Enmienda. En uno de los casos, recordó, “todo lo que hizo la demandante fue preguntar si eran agentes de ICE, y fue tirada al suelo, arrestada y esposada”.

También denunció el uso del lenguaje de “terrorismo doméstico” para describir a personas que defienden a sus vecinos. “Así es como comienzan los procesos de represión estatal”, advirtió, vinculando estas prácticas a memorandos de seguridad nacional que equiparan la disidencia política con amenazas internas.

Sobre los intentos de ICE de entrar a viviendas sin órdenes judiciales, fue tajante: “No hay absolutamente nada legal en esa política”.

Lecciones históricas y resistencia civil

El profesor de derecho constitucional Mark Tushnet ofreció una lectura histórica del momento, comparándolo con la resistencia al Acta de Esclavos Fugitivos en el siglo XIX. Recordó que, aunque muchas acciones legales fracasaron, tuvieron un efecto profundo. “La conducta de las autoridades fue lo que galvanizó la opinión pública”, señaló.

Tushnet subrayó que, históricamente, las victorias judiciales suelen ser limitadas en estos contextos, pero la movilización social puede transformar el clima político. “La resistencia en las calles no siempre detuvo las acciones en el corto plazo, pero cambió cómo la sociedad entendía la injusticia”, concluyó.

Minneapolis, protestas intensificadas y el caso de Alex Pretti

En los últimos días, los enfrentamientos en Minneapolis han escalado tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que fue abatido por agentes federales de inmigración durante una protesta el 24 de enero, en medio de una operación en la ciudad que ya había puesto a prueba la paciencia de residentes y autoridades locales. La investigación preliminar reportada por Reuters señala que dos agentes dispararon durante el encuentro que terminó con su muerte, generando protestas, vigilias y una ola de indignación que ha llevado a marchas y llamados a la rendición de cuentas en varias ciudades, mientras Minnesota y grupos locales organizan nuevas acciones para el 30 de enero, entre ellas una segunda jornada de protesta y posibles paros estudiantiles y comunitarios que exigen la retirada de agentes federales y responsabilidad legal por las muertes recientes.