Ecuador pide a México acceder a su embajada para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas

El gobierno de Ecuador solicitó permiso a México para entrar a su embajada en Quito y arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, dijo este viernes la Cancillería del país sudamericano.

“Confirmamos que la cancillería, como canal diplomático, ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de capturar al ciudadano Jorge David Glas Espinel, quién permanece en esa Misión Diplomática”, dijo el ministerio en X.

En diciembre Glas ingresó a la embajada de México y luego pidió asilo a fin de evadir la acción de la justicia que lo acusa de desviar fondos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas por un potente terremoto en 2016, cuando lideraba un comité que administraba millonarios recursos.

Las autoridades ecuatorianas advirtieron que en caso de que Glas reciba asilo negarán el salvoconducto necesario para que salga de esa embajada y pueda viajar a México, lo que implica que podría seguir en el interior de esa misión por tiempo indefinido.

Glas, vicepresidente entre 2013 y 2017, estuvo en prisión durante cinco años hasta noviembre de 2022 cumpliendo condena por algunos de los más sonados casos de corrupción ocurridos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), entre ellos por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de grandes contratos con el Estado.

En una polémica decisión un juez le restituyó los derechos políticos a Glas, quien salió de la cárcel con libertad provisional a fines de 2022. Finalmente, en diciembre del año pasado, se solicitó su reingreso en prisión.

Algunos ministros y otros altos funcionarios del gobierno de Correa se encuentran en México hace años para evadir la acción de la justicia ecuatoriana.

Además, Glas fue sentenciado a seis años de prisión en 2017 tras ser declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicarle contratos gubernamentales.

En 2020, recibió una pena separada de ocho años de prisión, al igual que Correa, por usar dinero de contratistas para financiar campañas para su movimiento político.