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Por Johani Carolina Ponce
En los últimos años, los estados del sur de Estados Unidos, como Florida, Georgia, Luisiana y Carolina del Sur, han experimentado veranos cada vez más calurosos, con temperaturas que frecuentemente superan los 100 grados Fahrenheit. Esta tendencia ha generado preocupaciones sobre la salud pública y la seguridad laboral, especialmente para los trabajadores al aire libre en sectores como la agricultura, la construcción y la jardinería.
Por ejemplo, en Florida, el índice de calor se mantuvo por encima de los 100°F durante 46 días consecutivos en Miami en 2023, lo que representa un riesgo significativo para los trabajadores al aire libre. En Georgia, se proyecta que los trabajadores al aire libre podrían enfrentar más de $2.1 mil millones en pérdidas anuales debido al calor extremo, con un riesgo promedio de pérdida de 21 días laborables al año por condiciones peligrosas. En Louisiana, en 2023, se registraron 56 días con temperaturas máximas superiores a 95°F, marcando el verano más caluroso registrado hasta la fecha. En Carolina del Sur, las autoridades han implementado iniciativas como la Semana de Seguridad contra el Calor para educar a la población sobre los peligros del calor extremo y las medidas preventivas necesarias.
Estas condiciones climáticas extremas no solo afectan la salud de los trabajadores, sino que también tienen implicaciones económicas significativas, reduciendo la productividad y aumentando los costos asociados a enfermedades relacionadas con el calor. La falta de regulaciones laborales específicas en muchos de estos estados agrava la situación, dejando a los trabajadores vulnerables sin las protecciones necesarias frente a las crecientes temperaturas.
Incremento de muertes relacionadas con el calor
A nivel nacional, el calor extremo se ha consolidado como la principal causa de muerte relacionada con fenómenos meteorológicos en Estados Unidos. En 2023, se registraron más de 2,300 muertes por causas asociadas al calor, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
En Georgia, por ejemplo, el Departamento de Salud Pública reportó 52 muertes por calor en 2020, la cifra más alta en al menos una década. En Louisiana, el verano de 2023 dejó un saldo de 91 muertes por calor, cinco veces más que el promedio anual entre 2010 y 2022. Además, Carolina del Sur registró un aumento en los casos de enfermedades térmicas tratadas en salas de emergencia, de acuerdo con datos del South Carolina Environmental Public Health Tracking Program.
Estas cifras reflejan una tendencia ascendente y preocupante en las muertes y enfermedades por calor en el sur del país, que afecta con especial intensidad a personas mayores, trabajadores al aire libre y comunidades de bajos ingresos.
Propuesta federal para proteger a los trabajadores del calor extremo y suspensión bajo la administración Trump
En agosto de 2024, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) propuso una norma destinada a prevenir enfermedades y lesiones por calor en entornos laborales, tanto interiores como exteriores. Esta propuesta requería que los empleadores desarrollaran e implementaran un Plan de Prevención de Lesiones y Enfermedades por Calor (HIIPP, por sus siglas en inglés), que incluiría medidas como el acceso a agua potable, descansos en áreas sombreadas y planes de respuesta ante emergencias por calor. La norma estaba diseñada para aplicarse a todos los sectores bajo la jurisdicción de OSHA, incluyendo la industria general, la construcción, la agricultura y el transporte marítimo.
Sin embargo, el 20 de enero de 2025, al asumir su segundo mandato, el presidente Donald Trump emitió un memorando presidencial titulado “Regulatory Freeze Pending Review”, que ordenó a todas las agencias federales detener la emisión o implementación de nuevas regulaciones hasta que fueran revisadas por los líderes designados por el presidente. Esta acción suspendió indefinidamente el proceso de establecimiento de regulaciones nacionales de seguridad contra el calor en el lugar de trabajo por parte de la OSHA.
La suspensión de esta propuesta ha generado preocupación entre defensores de los derechos laborales y expertos en salud pública, quienes advierten sobre los riesgos que enfrentan millones de trabajadores, especialmente en estados del sur como Florida, Georgia, Luisiana y Carolina del Sur, donde las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y peligrosas.
Un riesgo nacional que exige voluntad política
El aumento sostenido de las temperaturas en el sur de Estados Unidos no es un fenómeno aislado, sino una señal clara de una crisis climática que ya está cobrando vidas y debilitando economías locales. Mientras los trabajadores agrícolas, de la construcción y de servicios esenciales se enfrentan cada verano a condiciones más peligrosas, la falta de una legislación uniforme a nivel estatal y federal sigue dejando brechas críticas en su protección.
La inacción regulatoria, sumada al congelamiento de la propuesta federal de OSHA bajo la administración Trump, pone en evidencia una desconexión alarmante entre la urgencia del problema y la respuesta institucional. Proveer acceso a agua, sombra y descansos no debería depender del estado donde se trabaja, sino ser un derecho básico garantizado a nivel nacional.
Ante un futuro cada vez más caluroso, proteger a quienes construyen, siembran y sostienen nuestras comunidades no puede seguir siendo opcional. Se requiere voluntad política, coordinación entre niveles de gobierno y un compromiso real con la salud y la dignidad de los trabajadores.