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Manifestantes queman cuatro instalaciones públicas al suroeste de Perú

La presidenta, Dina Boluarte, evalúa declarar estado de emergencia nacional ante las masivas protestas

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Tras el rechazo al Congreso, a la presidenta Dina Boluarte y la exigencia de adelantar el proceso de elecciones, varios manifestantes embistieron contra las sedes de instituciones públicas al suroeste de Perú, tales como la Fiscalía, PJ y Dirección de Transportes.

De acuerdo con periódicos locales, la ciudad de Huancavelica (situada en la región suroeste de Perú) vivió ayer una intensa protesta, ya que cuatro instituciones públicas fueron incendiadas, lo que incluyó cuatro camionetas del sector transportes.

Así, en la ciudad de Huancavelica, las organizaciones sociales decidieron decretar un paro indefinido. Los residentes acatan la medida en forma pacífica, pero los ataques a las sedes oficiales derivan esencialmente de los más jóvenes.

La presidenta, Dina Boluarte, evalúa declarar estado de emergencia nacional ante las masivas protestas. De hecho, las manifestaciones de calle llevaron a la mandataria a declarar el estado de emergencia por 60 días en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac, epicentro de las protestas, pero la medida se podría extender al resto del país.

Las protestas ciudadanas se han expandido a Lima, Huancavelica, Junín, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Cusco, Puno, Tacna, San Martín, Madre de Dios y Amazonas.

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que en las instalaciones dañadas de Medicina Legal funcionaba también el archivo de la fiscalía anticorrupción.

Asimismo, los titulares de los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos reunidos en consejo de Estado divulgaron un comunicado en el que respaldan “al Gobierno Constitucional para restablecer de inmediato el orden público dentro de los parámetros que exige un Estado Constitucional y democrático de derecho con el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas”.

En la misiva, rechazan los actos y medios violentos que ponen en peligro la vida e integridad física de peruanos y peruanas, que afectan la propiedad pública y privada, así como la adecuada prestación de los servicios públicos, los que serán materia de una diligente investigación a cargo del sistema de justicia.

A la luz de la situación, exhortaron a la ciudadanía a canalizar sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto, promoverá el Poder Ejecutivo.

“Convocamos a la sociedad civil a un diálogo político permanente con las autoridades públicas a través de espacios democráticos, con el objeto de lograr acuerdos que permitan recuperar la tranquilidad, la paz social y la confianza en el Estado”.

De igual forma, lamentan la pérdida de vidas humanas ocurridas en Purimac y Arequipa como consecuencia de los actos violentos, expresando nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.

Entretanto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realiza este miércoles la audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo y Aníbal Torres, investigados por los delitos de rebelión y otros.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundada apelación planteada por expresidente Castillo, contra la detención preliminar dictada en su contra, en investigación por rebelión (alternativamente, conspiración).

Fuente: Presidencia del Perú

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