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República Dominicana acepta diálogo con Haití si paraliza las construcciones en el río Dajabón-Masacre

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Por medio de un comunicado enviado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno dominicano reconoció la importancia de dialogar con Haití para resolver el diferendo que se ha suscitado a raíz de la construcción “unilateral e ilegal” de un canal en el río Dajabón.

Sin embargo, República Dominicana condicionó el diálogo y exigió que la contraparte haitiana detenga de inmediato la construcción del canal de trasvase conectado al río Dajabón-Masacre y espere el apoyo de técnicos independientes.

“La Constitución expresa que el territorio de República Dominicana es inalienable, añadiendo además que, los ríos y otros cursos de agua, el mar territorial, el suelo y subsuelo marinos, el espacio aéreo y el espectro electromagnético conforman el territorio nacional. El río Dajabón, que tiene su nacimiento y su desembocadura dentro del territorio nacional, es inalienable. Esta condición implica que su titular, el pueblo dominicano, no puede por ningún concepto privarse o ser privado de su uso”, expresó el gobierno dominicano en el comunicado.

“La construcción unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el curso del agua de su cauce natural, significaría la posible extinción del caudal del río aguas abajo hasta su desembocadura. En términos prácticos, esto permitiría la enajenación de un bien de dominio público imprescindible que sirve de sostén para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales”, agregó.

En el mismo comunicado, República Dominicana pidió a la OEA interponer “con urgencia” sus oficios de acuerdo con el mandato establecido en su Carta, y en particular en su artículo 2 (C), con el objetivo de asegurar una solución pacífica.

“A los dos Estados conviene un acuerdo, logrado a través del diálogo, para el aprovechamiento de las fuentes hidrográficas compartidas, y que sea respetuoso del espíritu y la letra del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929”, sentenció el gobierno dominicano.

 

 

 

Fuente: Presidencia de República Dominicana 

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