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Redadas, miedo y resistencia

California enfrenta redadas masivas, arrestos sin orden judicial y una comunidad migrante aterrada. Líderes y activistas denuncian: esto no es solo antinmigrante, es antidemocrático

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California está en pie de lucha. Desde que Donald Trump regresó a la presidencia, el estado más poblado del país y también el más diverso se ha convertido en el epicentro de una ofensiva migratoria sin precedentes. Agentes encapuchados, arrestos sin orden judicial, cortes de servicios y una militarización sin justificación aparente han encendido las alarmas de activistas, líderes locales y autoridades estatales.

Abogados sin acceso, familias sin respuestas

“Lo que estamos viendo en este momento es completamente inconstitucional. Nunca, en casi 30 años de ejercicio como abogada de inmigración, había visto algo así”, denunció Janet Zanipatín, directora de política y defensa en CHIRLA, durante una conferencia nacional organizada por American Community Media.

Zanipatín explicó que ICE está arrestando a personas en situaciones que antes se consideraban seguras: entrevistas con USCIS, comparecencias en tribunales de inmigración, chequeos de rutina. “En muchos casos, los jueces están cerrando los casos por instrucción de la administración Trump, y una vez que la persona sale del tribunal, la están esperando afuera para arrestarla”, detalló.

Lo más alarmante es que incluso quienes cuentan con representación legal están perdiendo contacto con sus abogados. “Hemos intentado ingresar a centros de detención como Adelanto y B18 en Los Ángeles y se nos ha negado el acceso, incluso acompañando a congresistas como Judy Chu. Es inaudito”, lamentó Zanipatín.

El miedo se ha instalado en barrios enteros. “La gente no está yendo al trabajo, no lleva a sus hijos a la escuela, ni siquiera se atreven a salir a comprar comida. Hay comunidades enteras paralizadas por el terror”, describió. Organizaciones comunitarias y redes de ayuda mutua han comenzado a entregar víveres y productos esenciales puerta a puerta.

Además, Zanipatín denunció la presencia de “agentes” sin identificación, enmascarados y con placas alteradas. “Tenemos evidencia en video de individuos que cambian las matrículas de sus vehículos, algunos con placas de Texas o Luisiana. No sabemos si son agentes federales, policías locales, milicianos o cazarrecompensas. No se identifican, no muestran órdenes, actúan como fuerzas paramilitares”, afirmó. Dos proyectos de ley han sido introducidos en la legislatura estatal para prohibir este tipo de operativos encubiertos.

 

No son criminales: el perfilamiento racial

 

El impacto en los derechos civiles ha sido devastador. Según datos citados durante el panel, aproximadamente el 93% de las personas detenidas en redadas recientes no tiene antecedentes penales graves, y más del 60% no tiene ninguna condena. “La narrativa de que van tras ‘criminales peligrosos’ es una mentira. Esto es perfilamiento racial, puro y duro”, subrayó Zanipatín.

Quien también alzó la voz fue el exalcalde de Los Ángeles y actual candidato a gobernador, Antonio Villaraigosa. “Nunca en mi vida vi al gobierno federal desplegar a la Guardia Nacional y 700 marines para perseguir a niñeras, jardineros y trabajadores en escuelas o graduaciones. Estamos viviendo algo que no tiene precedentes ni siquiera durante la era de la Proposición 187 o la Operación Wetback”, dijo, refiriéndose a programas históricos de deportación masiva en los años 30 y 50.

Villaraigosa se mostró especialmente indignado con el uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes pacíficos. “En la protesta del 14 de junio en el centro de Los Ángeles, la policía usó balas de goma contra una multitud pacífica. Eso no es normal en una democracia. Pero lo más grave es lo que está haciendo el gobierno federal: militarizar las calles, sin coordinación con autoridades locales, sin avisar al gobernador, como si esto fuera una dictadura”, sentenció.

California como blanco político

 

Desde el ámbito académico, el profesor Henry Brady, de la Universidad de California en Berkeley, ofreció una perspectiva estructural: “California representa todo lo que el trumpismo detesta. Somos la anti-MAGA. Acogemos a inmigrantes, invertimos en educación pública, protegemos a comunidades diversas, y encima somos un éxito económico. Por eso nos quieren castigar”.

Brady advirtió que las políticas de Trump entre ellas los aranceles, los recortes a Medicaid y a universidades públicas, y la represión migratoria podrían costarle a la economía del estado más de 275 mil millones de dólares. “Además de inmorales, estas medidas son profundamente destructivas para el país. El daño será nacional, porque California alimenta, educa e innova para todo Estados Unidos”, explicó.

En el plano legal, el fiscal general del estado, Rob Bonta, dejó en claro que su oficina está lista para el combate. “En las primeras 23 semanas de este segundo mandato de Trump, hemos presentado 26 demandas. Una por semana. No lo hacemos por política: lo hacemos porque está violando la ley, una y otra vez”, aseguró. Bonta también cuestionó la decisión reciente de la Corte Suprema que limita las medidas cautelares a nivel nacional. “Es un revés, pero no una derrota. Vamos a seguir peleando por una orden judicial que proteja a todos, no solo a algunos”.

Y advirtió: “Lo que estamos viendo en Los Ángeles gente encapuchada, sin identificación, deteniendo personas en la calle o en sus casas no es compatible con una democracia. Es peligroso, y podría ser ilegal. Estamos investigando posibles violaciones del uso de bases de datos estatales, como el DMV o Medi-Cal, por parte del DHS. Si encontramos pruebas de uso indebido, actuaremos”.

La preocupación también se extiende al ámbito educativo. “El ataque a las universidades públicas por presunta ‘antisemitismo’ no es más que un pretexto para intervenir políticamente en las instituciones más innovadoras del país. Es un acto de vandalismo institucional”, denunció el profesor Brady.

El poder de la gente y la urgencia de la organización

El panorama no es alentador, pero los líderes coinciden en que el poder ciudadano es clave. “No hay varitas mágicas. Pero hay poder en la gente, en la protesta pacífica, en los tribunales y en la organización comunitaria”, afirmó Villaraigosa. “Lo que están haciendo no es solo antiinmigrante. Es antidemocrático. Y tenemos que enfrentarlo juntos”.

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