Propuesta para eliminar la ciudadanía por nacimiento podría crear una nueva clase de personas sin estatus en EE.UU.

Expertos en inmigración, economía y salud advirtieron que eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos tendría consecuencias que irían mucho más allá del debate legal y constitucional.

Según explicaron, la medida podría aumentar la población indocumentada, afectar la economía, agravar la escasez de trabajadores en sectores clave y dejar a millones de niños nacidos en el país sin acceso pleno a oportunidades educativas, laborales y sociales.

Una discusión sobre quién pertenece a Estados Unidos

El primero en intervenir fue el profesor de derecho Hiroshi Motomura, quien explicó que el debate sobre la ciudadanía por nacimiento no solo trata sobre inmigración, sino sobre el tipo de país que Estados Unidos quiere ser.

Motomura recordó que la Enmienda 14 fue creada después de la Guerra Civil para revertir la exclusión de las personas negras de la ciudadanía tras el fallo Dred Scott. Sin embargo, señaló que su alcance fue aún más amplio, porque estableció una visión inclusiva de Estados Unidos como una nación de inmigrantes.

“El propósito de la ciudadanía no es reconocer quiénes fueron tus padres, sino permitir que las personas pertenezcan a la sociedad y participen plenamente en ella”, afirmó.

El profesor indicó que restringir la ciudadanía por nacimiento cambiaría profundamente la visión histórica del país y podría afectar a millones de personas, incluyendo hijos de trabajadores temporales, estudiantes internacionales y familias indocumentadas.

También advirtió que, incluso si la Corte Suprema termina bloqueando la orden ejecutiva, el simple hecho de debatirla ya envía un mensaje sobre quién pertenece al país y quién no.

Impacto económico de varios billones de dólares

Luego intervino Phillip Connor, investigador de la Universidad de Princeton, quien presentó un estudio sobre el impacto económico de las personas que obtienen ciudadanía por nacimiento.

Connor explicó que, utilizando datos del Censo de Estados Unidos, identificaron al menos a 4 millones de personas nacidas en el país de padres indocumentados o con estatus temporal.

Según el estudio, estas personas aportarán al menos 7.7 billones de dólares en ingresos a la economía estadounidense durante un periodo de cien años.

Además, estimó que aproximadamente dos tercios de estas personas trabajan o trabajarán en ocupaciones que requieren algún nivel de educación universitaria.

“Estamos hablando de millones de futuros trabajadores en sectores como educación, salud, administración, construcción, transporte y agricultura”, explicó.

Connor advirtió que si se elimina la ciudadanía por nacimiento, Estados Unidos podría perder cerca de un billón de dólares en ingresos futuros y unos 400 mil trabajadores en ocupaciones de mayor preparación académica.

Más personas sin estatus y menos acceso a educación

La investigadora Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, explicó que una prohibición de la ciudadanía por nacimiento no reduciría la inmigración indocumentada, sino que aumentaría la cantidad de personas sin estatus legal en el país.

Gelatt estimó que la población indocumentada crecería en 2.7 millones de personas en los próximos 20 años y en 5.4 millones en los próximos 50 años.

También señaló que alrededor de 255 mil niños al año comenzarían sus vidas en Estados Unidos sin estatus legal.

Según explicó, estos menores tendrían menos acceso a Medicaid, ayudas alimentarias, asistencia pública y educación superior.

“¿Cuál es el incentivo para estudiar una carrera universitaria o una maestría si no puedes usar ese título para trabajar legalmente?”, planteó.

Gelatt afirmó que la eliminación de la ciudadanía por nacimiento crearía una clase permanente de personas excluidas socialmente, algo que podría extenderse durante generaciones.

También mencionó que varios estados están considerando proyectos de ley para limitar el acceso de niños indocumentados a las escuelas públicas, desafiando el fallo de la Corte Suprema en Plyler v. Doe de 1982.

La experta recordó que en ese caso la Corte concluyó que negar educación a los niños generaría costos sociales mucho mayores que cualquier ahorro económico.

Riesgos para hospitales, médicos y zonas rurales

El último en intervenir fue Xiao Wang, cofundador y CEO de Boundless Immigration, quien advirtió que eliminar la ciudadanía por nacimiento podría hacer que muchos trabajadores altamente calificados decidan construir su futuro en otros países.

Wang señaló que médicos, enfermeros, ingenieros e investigadores suelen pensar no solo en el salario, sino también en si sus hijos tendrán estabilidad y seguridad en el país donde viven.

“Si una persona siente que puede trabajar aquí, pero que el futuro de su familia sigue siendo incierto, es posible que termine yéndose a Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda”, explicó.

El empresario indicó que Estados Unidos ya enfrenta una posible escasez de hasta 86 mil médicos para 2036.

Además, recordó que los inmigrantes representan más de una cuarta parte de todos los médicos que trabajan en hospitales estadounidenses y una proporción aún mayor en zonas rurales.

Wang dijo que las primeras comunidades afectadas serían precisamente las rurales, donde ya existe dificultad para contratar personal médico y trabajadores para hogares de ancianos.

También mencionó que las recientes tarifas de 100 mil dólares para ciertas solicitudes de visas H-1B desde el extranjero ya están afectando la contratación de médicos y otros profesionales en algunas zonas del país.

Un debate con efectos que podrían durar generaciones

Al cierre del encuentro, los expertos coincidieron en que el debate sobre la ciudadanía por nacimiento va mucho más allá de un caso judicial.

Para ellos, la discusión definirá si Estados Unidos seguirá viéndose como un país abierto a los inmigrantes y a sus hijos, o si comenzará a construir un sistema donde millones de personas nacidas en el país crezcan sin un sentido claro de pertenencia.

La Corte Suprema podría pronunciarse sobre este tema en junio de 2026. Fuentes oficiales y especialistas prevén que la decisión tendrá repercusiones no solo legales, sino también económicas, educativas y sociales durante las próximas décadas.