¿Por qué Donald Trump ha sido acusado de tres cargos más en el caso de los documentos clasificados?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tendrá que hacer frente a otros tres cargos adicionales en el caso del supuesto mal manejo de documentos confidenciales en Mar-a-Lago, en Florida, donde tiene fijada su residencia.

Uno de los nuevos cargos tiene que ver con la “retención deliberada de información de defensa nacional” y dos de “obstrucción de la justicia” durante la investigación de este caso.

“La cosa se complica. Cada vez se va cerrando el cerco alrededor del presidente Donald Trump y, aparentemente, la participación de él en todo esto parece ser más personal”, explica a la Voz de América Rafael Peñalver, abogado constitucionalista que trabaja en Washington y Florida. “Según el documento, se sospecha que él estuvo dirigiendo para que se escondieran las cajas y ahora, aparentemente, pidiendo que se destruyeran las cintas de las cámaras de Mar-a-Lago”.

Acusado de ordenar borrar imágenes de las cámaras de seguridad

Según el documento de 60 páginas elaborado por la fiscalía, se acusa al magnate estadounidense de pedir a un empleado de mantenimiento que borrara las imágenes de las cámaras de seguridad que estaban buscando los investigadores. Es por ello que el fiscal especial Jack Smith está tratando de esclarecer si Trump orquestó toda esta maniobra para dificultar las pesquisas.

En el informe, además de Trump y Walt Nauta, su asistente personal, se incluye un nuevo acusado. Es Carlos De Oliveira y Smith lo señala a él como el empleado que ordenó borrar las imágenes de las cámaras de Mar-a-Lago siguiendo las directrices de “el jefe”, el apodo que utilizaba para referirse a Donald Trump.

Es la primera vez que se conoce, al menos de forma pública, el nombre de este nuevo acusado en el caso. Según apuntan varios medios estadounidenses, De Oliveira, de 56 años, fue empleado del club privado de Trump desde enero de 2022. Antes de esa fecha, había ocupado otros cargos en las instalaciones, como estar a cargo del servicio de parqueo privado.

“Si esto es así, demostraría que él tendría conocimiento de que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. No solamente de que la documentación que tenía no debería tenerla, sino que aquí se está dando un paso más allá, que es activamente participando en lo que puede ser una obstrucción a la justicia y eso es muy serio”, dice el abogado consultado por la VOA, apuntando que eso supone “un crimen”.

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