Pensilvania demanda al gobierno federal por retención de fondos

Harrisburg, Pensilvania – El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, presentó una demanda contra varias agencias del gobierno federal bajo la administración de Donald Trump, acusándolas de retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos federales que ya habían sido aprobados por el Congreso para el estado.

Shapiro, demócrata, llevó el caso ante una corte federal en Filadelfia, argumentando que la administración republicana de Trump sigue ignorando órdenes judiciales previas que exigen la liberación de los fondos. La demanda califica las acciones de las agencias federales como “flagrantemente ilegales” y señala que no tienen autoridad para retener el dinero por razones políticas.

Un bloqueo de fondos sin justificación

El conflicto surge a raíz de un memorando emitido por la administración Trump en enero, que congeló el desembolso de subvenciones y préstamos federales con el argumento de revisar si el gasto se alineaba con las órdenes ejecutivas del expresidente sobre temas como el cambio climático. Aunque el memorando fue rescindido dos días después, los fondos para programas esenciales como educación temprana, reducción de contaminación y prevención del VIH siguen retenidos.

En Pensilvania, el gobierno estatal afirma que cerca de 2.500 millones de dólares en subvenciones o reembolsos siguen bloqueados sin una explicación clara, afectando programas críticos como la mejora de eficiencia energética en hogares, el sellado de pozos de gas abandonados, la limpieza de tierras mineras y la mejora de sistemas de agua y alcantarillado.

“Pese a las órdenes judiciales que han exigido el desbloqueo de estos fondos, las agencias federales siguen negando a Pensilvania el dinero al que tiene derecho”, señala la demanda.

Una batalla legal con implicaciones nacionales

El Departamento de Interior, el Departamento de Transporte, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca figuran entre los acusados en la demanda. La mayoría de estas agencias no han emitido comentarios sobre el caso, mientras que el Departamento de Energía solo ha afirmado que está cumpliendo con las órdenes judiciales, sin aclarar si ha liberado los fondos retenidos.

La demanda de Shapiro se suma a una creciente batalla legal entre gobiernos estatales y la administración Trump. En las últimas semanas, varios jueces han ordenado la liberación de fondos congelados, pero la administración federal ha apelado sin éxito.

Shapiro argumenta que la retención de estos fondos viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de EE.UU., que establece que el Ejecutivo no puede modificar unilateralmente leyes aprobadas por el Congreso. También cita la Ley de Procedimiento Administrativo, que prohíbe a las agencias federales actuar de manera arbitraria.

Consecuencias políticas y económicas

Este enfrentamiento marca el mayor desafío legal de Shapiro contra Trump en su segundo mandato y lo posiciona como un posible contendiente presidencial en 2028. Su decisión de encabezar la demanda, en lugar de dejar la acción en manos del fiscal general de Pensilvania —de filiación republicana—, subraya la importancia del caso.

Los fondos bloqueados, provenientes de leyes firmadas por el expresidente Joe Biden, como la Ley de Infraestructura de 2021 y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, buscan beneficiar a comunidades rurales y de bajos ingresos en Pensilvania.

“La administración Trump está incumpliendo su contrato con Pensilvania, poniendo en riesgo proyectos clave que protegen la salud pública, reducen costos de energía y crean empleos”, denunció Shapiro en un comunicado. “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras se ponen en peligro los intereses de nuestros ciudadanos”.

El gobernador ha solicitado a la corte que bloquee cualquier intento de la administración Trump de seguir reteniendo o condicionando estos fondos y que garantice su desembolso inmediato. Ahora, el caso quedará en manos de la justicia federal, con implicaciones que podrían extenderse más allá de Pensilvania y afectar a otros estados que también han denunciado la retención de fondos por parte del gobierno federal.