Los centros de detención migratoria de EE. UU. se vuelven más oscuros

En los centros de detención migratoria de Estados Unidos, la vida se ha vuelto una cuenta regresiva. Cada mes se suman nuevos nombres a una lista de muertes, desapariciones y abusos que rara vez llegan al escrutinio público.

Detrás de los muros y el silencio oficial, miles de personas muchas sin pruebas de haber cometido algún delito enfrentan condiciones que expertos describen como inhumanas: hacinamiento, aislamiento prolongado y una política de indiferencia que, según denuncian, busca quebrar su voluntad más que administrar justicia.

“El sistema es profundamente deshumanizante”, expresó Heather Hogan, consejera de políticas y práctica de la American Immigration Lawyers Association (AILA); quien también describió con crudeza su experiencia como oficial de asilo dentro de centros de detención en Arizona, California y Texas.

“Me sorprendía lo temprano que los despertaban. A veces a las tres o cuatro de la mañana, antes de entrevistas que definían su futuro”, relató.

Encadenados de pies y manos

Hogan recordó haber visto a solicitantes de asilo “encadenados de pies y manos, con uniformes naranjas”, tratados como criminales pese a no tener antecedentes.

Su testimonio incluyó un episodio de burla por parte de un guardia: “Un hombre pidió ir al baño y el guardia fingió patearlo, riéndose con otros oficiales”.

“La palabra que usan para referirse a ellos es bodies, cuerpos. Y eso dice mucho de la deshumanización que impera”, señaló.

Además, denunció el uso de confinamiento solitario como “protección” para personas con tendencias suicidas o de la comunidad LGBTQ+, práctica que, según recordó la ONU, considera tortura después de cierto tiempo.

“Hoy la crueldad es el punto. Separar familias y causar trauma parece ser el objetivo para que la gente se rinda y abandone el país”, advirtió.

El abogado y periodista Andrew Free, fundador de la iniciativa #DetentionKills, lleva más de siete años documentando muertes bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Este ha sido el año más mortal desde la pandemia. Veintidós personas han muerto en centros del ICE, la segunda cifra más alta registrada”, afirmó.

Free, quien ahora colabora con periodistas e investigadores, sostiene una base de datos pública sobre fallecimientos en detención.
“Encontré al menos cinco personas que, según los registros oficiales, murieron este año, pero cuyos nombres no aparecen en los comunicados del ICE”, explicó.

“Temo que haya muertes nunca reportadas ni investigadas. Nadie sabe el número real, y eso en sí mismo es un mensaje político: la ignorancia intencional beneficia a quienes mantienen el sistema”, agregó.

El abogado denunció la existencia de más de 460 centros de detención activos, muchos de ellos “sitios en la sombra” o instalaciones temporales donde los migrantes no figuran en los registros públicos.

“Si esto ocurriera en otro país, los llamaríamos black sites”, señaló.

El resultado, dijo, es “una forma moderna de desaparición forzada”.

¿Y la Constitución?

Yannick Gill, abogado sénior de Human Rights First, denunció la creciente opacidad del sistema y los obstáculos impuestos incluso a los propios congresistas.

“Bloquear la entrada de un miembro del Congreso a un centro de detención no solo viola la Constitución; debería hacernos preguntar qué está ocultando ICE detrás de esos muros”, afirmó.

El abogado contó que su organización intentó visitar el centro de detención de Moshannon, en Pensilvania, tras la muerte del ciudadano chino Shou Feng Ji, de 32 años. “Cumplimos con todos los requisitos legales y, aun así, nos negaron la entrada. También negaron el acceso a dos congresistas: Summer Lee y Mary Gay Scanlon”, relató.

Gill subrayó que esta falta de transparencia “difiere radicalmente de administraciones anteriores” y refleja una “erosión deliberada del sistema de asilo”.
“Hay violaciones documentadas de derechos humanos, condiciones inhumanas y muertes que podrían haberse evitado. Pero la puerta se ha cerrado incluso para la supervisión pública”, concluyó.

Una tragedia con nombre y número

De acuerdo con la data, más de 60 000 personas permanecen actualmente en detención migratoria, muchas sin condena alguna.

Los testimonios coinciden en que la falta de transparencia, el uso excesivo del aislamiento y la negación del debido proceso están convirtiendo estos centros en espacios de sufrimiento sistemático.

“Detener no puede ser la norma, debe ser el último recurso”, insistió Hogan.

Free concluyó con un recordatorio: “Cada número es una vida truncada, una familia que no recibe respuestas y un sistema que se niega a mirar su propio espejo”.

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