Los caminos torcidos de la migración a EEUU

Antes de su visita a la frontera entre Estados Unidos y México, el presidente Joe Biden anunció el 5 de enero la ampliación del Título 42, una política de la era Trump que permitió al Departamento de Seguridad Nacional expulsar a millones de migrantes durante la pandemia de COVID-19.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional dieron a conocer su propuesta de tomar medidas enérgicas contra migrantes que intenten entrar en el país sin los documentos requeridos.

Paralelamente, también se decidió permitir que 30 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití entren en el país cada mes, como parte de un programa humanitario.

La situación de los Dreamers también sigue siendo delicada. Aunque los actuales beneficiarios del programa DACA pueden solicitar renovaciones, un fallo judicial del 22 de julio del juez de Texas Andrew Hanen declara que el programa es ilegal. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad Nacional o DHS tiene prohibido aceptar nuevas solicitudes.

A esto se agrega que miles de inmigrantes están atrapados en colas de décadas para cambiar sus visados de negocios temporales a tarjetas verdes permanentes de residencia. El retraso también afecta a sus hijos y familiares.

Un panorama complejo

Kerri Talbot es subdirectora del Centro de Inmigración, que aboga por los derechos humanos de los inmigrantes. Recuerda que hubo una iniciativa en el Congreso el año pasado, que hubiera protegido a los Dreamers y reformado el sistema de la frontera y de asilo. “Desafortunadamente, esa reforma no pasó, así que no vimos cambios fundamentales. Están pendientes y son muy necesarios”, dice.

Agrega que la nueva Cámara de Representantes propondrá políticas que considera inhumanas y que no serían respaldadas por el Senado. Subraya que ambas cámaras están controladas por partidos opuestos, lo cual complica el panorama.

Pero destaca que “La administración actual puede hacer mucho de manera legal, no solamente a través de órdenes ejecutivas, sino gracias a políticas de agencias”.

Llama a seguir presionando por “políticas sensatas respecto al DACA, trabajadores agrícolas o beneficiarios del estado de protección temporal o TPS”.

Desde el Centro de Inmigración abogarán por TPS para otros países que lo necesiten, como Somalia, que lo obtuvo recientemente.

Recuerda que la situación de los Dreamers será escuchada por la Corte Suprema. “Este programa puede terminar. Nos gustaría que los beneficiarios fueran escuchados y se consiguiera alguna forma de solucionar su situación”.

Destaca que “Necesitamos convocar a la mayor cantidad de aliados posibles, especialmente en estados clave y obtener el apoyo de republicanos en el Senado”. Probablemente, esto no suceda antes de 2025.

También celebra que las políticas de parole fueran ampliadas, para permitir a gente de más países entra legalmente. Sin embargo, le preocupa que, en paralelo, se haya ampliado el Título 42, que permite devolver a quienes intenten entrar por la frontera.

“Abogamos por el cierre de centros de detención que no están siendo utilizados y la ampliación de los procesos, para que no exista tanta gente esperando”, remata Talbot.

Los obstáculos a los negocios

Cyrus Mehta es fundador de Cyrus D. Mehta & Partners PLLC, que se centra en el derecho de inmigración. Aboga por los inmigrantes por negocios. “Hay limitaciones que se transforman en excluyentes para distintas categorías de profesionales y personas de negocios, que eventualmente terminarían aspirando a permanecer legalmente en el país y traer a su grupo familiar, con el fin de alcanzar la ciudadanía”.

Detalla que “Estos límites no se han modificado desde 1990. El sistema tiene que ser actualizado”. Cada país solamente puede recibir un 7% de las visas, que son unas 40 mil por año.

Hay naciones como India, cuyos ciudadanos son muy limitados por este cuadro. Muchos de ellos tienen ya la visa H1-B o la están esperando, “Pero pueden tardar hasta 90 años para pasar a una residencia o pedir a un familiar, tomando en cuenta la cantidad de gente en espera y los tiempos actuales”, según Mehta.

También esas visas implican necesidad de renovación y los consulados están colapsados. Esta situación impacta de manera similar a los funcionarios chinos.

El panorama trae consecuencias como movilidad restringida y obstáculos para obtener ascensos. Mientras tanto, sus colegas de otras naciones pueden recibir sus visas en dos o tres años.

El abogado apunta que se han introducido en el Congreso proyectos para abolir los límites por país, basándose en el igual acceso ante la ley; pero no han llegado a buen puerto. ‘Estamos atascados ante la reforma migratoria, porque cada quien tiene su propia agenda”, concluye.

El Título 42

El Título 42 es un estatuto de salud promulgado en 1944, que permite decidir si una enfermedad contagiosa representa un peligro de propagación en Estados Unidos, prohibiendo que personas que se consideren un riesgo ingresen al país.

Con esta base, la administración Trump decidió expulsar a cualquier persona que ingresara al país sin autorización, para evitar la propagación del coronavirus.

Edward Kissam, del Fondo Familiar Werner-Kohnstamm, que defiende los derechos de los inmigrantes, recuerda que la orden fue promovida por Stephen Miller, asesor de la administración anterior opuesto a la inmigración. “Esto fue totalmente irresponsable”, afirma.

El vocero agrega que había zonas dentro de EE. UU. con muchos más contagios que en la frontera, por lo cual el razonamiento para implementar el Título 42 no se correspondía con la realidad. “Los estados opuestos a la inmigración demandaron para que el Título se implementara”, denuncia. “Todo esto nos ha distraído de cómo combatir realmente a la pandemia”.

Complementa diciendo que esto se logra solamente a través de vacunación; pero los anti-inmigrantes buscan confundir, culpando a la inmigración y exonerando a quienes no se han vacunado.

También lamenta que se esté usando un pretexto de salud pública para manejar la situación de los inmigrantes en la frontera.

En cuanto a los nuevos planes de la administración actual, considera que el nuevo parole –que permitiría entrar a 30 mil inmigrantes al mes gracias a patrocinantes- “Suena muy generoso, pero realmente no lo es tanto”.

Sin embargo, comenta que se ha implementado una aplicación en los celulares para que los inmigrantes soliciten entrevistas. “Es un buen paso. Si es útil, solamente se sabrá cuando veamos cuántas entrevistas se logran coordinar”.

El DACA y los Dreamers

En español significa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia”. Es una política que protege a casi 600 mil jóvenes, conocidos como “Dreamers” o soñadores, que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños.

El programa no les otorga un estatus legal oficial o un camino hacia la ciudadanía, pero les permite solicitar una licencia de conducir, un número de seguro social y un permiso de trabajo.

Al respecto, Ariel G. Ruiz Soto señala que “Es un programa que protege a una población que está disminuyendo después del 17 de septiembre, cuando se decidió finalizarlo. Desde entonces se está decidiendo en las cortes de los estados”.

Pero recuerda que las personas que tenían previamente este beneficio pueden renovar su estatus.

Resalta que este programa ha otorgado muchos beneficios, como educación, compra de viviendas o préstamos. También emite un parole avanzado, que les permite salir del país.

DACA llegó a amparar a 800 mil personas, pero algunos han cambiado de estatus al obtener una visa o casarse; también por haber cometido un crimen, haberse ido del país o fallecido. La mayoría de ellos eran mexicanos, muchos de ellos residen en California, Texas, Nueva York e Illinois.

Se calcula que cerca de dos millones de personas podrían beneficiarse de un programa como este. Sin embargo, el experto cree que terminará pronto, ante el camino que está siguiendo en las cortes.