Huracanes, desigualdad y abandono

Por Johani Carolina Ponce

En todo Estados Unidos, millones de latinos viven en regiones propensas a huracanes o inundaciones. Solo en Florida, con unos 5,7 millones de personas de origen latino —equivalente al 27,4 % de su población total según el Censo—, y en Texas, hogar de cerca de 12 millones de latinos (aproximadamente el 40 % de la población), estas comunidades enfrentan barreras estructurales similares: acceso limitado a información en español, condiciones de vivienda más vulnerables al impacto climático y temor a solicitar ayuda debido a su estatus migratorio. En estados en crecimiento como Carolina del Norte —donde viven 1,1 millones de latinos, que representan el 11 % de su población—, estas mismas barreras profundizan las consecuencias de los huracanes, especialmente en zonas rurales y sectores urbanos desatendidos.

Los expertos coinciden en que la temporada de huracanes de 2025 será más activa de lo habitual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa entre 13 y 19 tormentas con nombre, y la Universidad Estatal de Colorado (CSU) prevé al menos cuatro huracanes de gran intensidad. Esta proyección se debe al calentamiento anómalo del océano Atlántico y a que el fenómeno ENSO —El Niño–Oscilación del Sur— se encuentra en fase neutra. ENSO es un patrón climático que influye en los vientos y la temperatura del océano Pacífico; en su fase neutra, no limita la formación de ciclones. Esto hace que factores como la temperatura del Atlántico tengan un mayor peso, aumentando el riesgo de una temporada especialmente peligrosa, sobre todo para las comunidades históricamente más vulnerables.

“Los recortes federales a FEMA, la EPA y el Servicio Meteorológico debilitan directamente la preparación ante huracanes en las comunidades latinas porque eliminan recursos para alertas tempranas, respuesta de emergencia y monitoreo de la contaminación”, advirtió la Dra. Julie A. González, experta en justicia ambiental. Estos recortes han restringido funciones críticas, desde las alertas en español hasta la limpieza post huracán, afectando ya zonas que aún no se recuperan del huracán Helene.

En Houston, Texas, una ciudad devastada por huracanes como Harvey en 2017, comunidades latinas han denunciado demoras considerables en la recuperación y falta de acceso a información vital.

De acuerdo con un informe de Union of Concerned Scientists, en Miami‑Dade, los vecindarios latinos tienen un 50 % más de probabilidad de experimentar inundaciones crónicas comparados con el promedio del condado, y al mismo tiempo disponen de menos acceso a seguros contra desastres o fondos federales de ayuda.

Comunidades desatendidas y respuestas tardías

Tras el impacto del huracán Helene en Carolina del Norte, González señala que “sin la ayuda a tiempo, muchos han pasado meses esperando reparaciones en sus casas, han perdido días de trabajo y han tenido dificultades para acceder a atención médica”. La carencia de respuesta federal obligó a dependencias comunitarias e iglesias a asumir un rol que, sin apoyo, resulta insostenible.

El incremento de precios tras un desastre impacta directamente a familias latinas con empleos precarios. “Pierden días de trabajo, enfrentan gastos inesperados y deben reparar sus casas con recursos muy limitados”, manifestó la investigadora. A esto se suma el temor a la deportación o la vigilancia migratoria, que evita que muchos soliciten asistencia pública.

Beatriz Miguel de la Cruz, afectada por el huracán Helene en Carolina del Norte, explicó: “Para recibir la ayuda me piden papeles que ya no tengo. Todo lo perdí en la tormenta.”

Cuando la ayuda se convierte en arma política

La politización de la ayuda agrava aún más la situación. “En 2025 vimos cómo la entrega de fondos de ayuda podía retrasarse o condicionarse a exigencias políticas”, dijo González. Esto no es nuevo: en administraciones pasadas, ciertos fondos fueron congelados o condicionados a requisitos partidistas, retrasando la recuperación y perjudicando sobre todo a los más vulnerables. “Quienes tienen menos poder son los que más sufren, mientras la ayuda por desastre se vuelve moneda de cambio en vez de una garantía”, concluye González.

Para la experta, es urgente que la respuesta ante desastres sea “justa, rápida y verdaderamente accesible para todas las comunidades, sin importar el estatus migratorio o el lugar donde vivan”. Pero, advierte, no puede depender solo de Washington. “Nuestra fuerza está en organizarnos, exigir acción y asegurarnos de que nadie quede atrás”. La preparación debe comenzar antes de que llegue la tormenta, combinando voluntad política, organización local y sistemas comunitarios sólidos.

Con una temporada más activa en el horizonte y comunidades latinas históricamente marginadas, se vuelve esencial garantizar respuestas equitativas, eliminar barreras estructurales y fortalecer las redes locales. La justicia climática no es solo una meta académica, es una urgencia social: proteger a quienes más arriesgan sin convertir la ayuda en moneda política. Como bien lo resume González, la fuerza colectiva puede, y debe, marcar la diferencia.