Desinformación preocupa rumbo a las elecciones de 2026

A pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, expertos en derechos civiles, acceso al voto y administración electoral advirtieron que el mayor desafío para el proceso democrático en Estados Unidos no es un aumento del fraude electoral, sino la proliferación de desinformación, los cambios en las leyes estatales y la confusión que estos pueden generar entre millones de votantes elegibles.

Durante un foro organizado por especialistas coincidieron en que mantener informados a los ciudadanos sobre los requisitos para votar será determinante para garantizar una participación amplia en los comicios de 2026.

La mayor preocupación

El primero en intervenir fue Thomas A. Saenz, presidente y asesor jurídico del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF).

Saenz afirmó que Estados Unidos enfrenta una elección especialmente importante debido a que estarán en juego el control del Congreso y numerosos cargos estatales y locales.

Sin embargo, aseguró que el mayor riesgo no proviene de un fraude masivo, sino de las iniciativas que, a su juicio, podrían dificultar la participación electoral de comunidades históricamente subrepresentadas.

«We need to see a heightened involvement… because of the efforts undertaken by many to disenfranchise voters of color in this country.»

El abogado explicó que actualmente existen dos grandes frentes legales.

Por un lado, los litigios relacionados con la redistribución de distritos electorales tras recientes decisiones de la Corte Suprema. Por otro, las nuevas leyes estatales que modifican los requisitos para registrarse, presentar identificación o emitir el voto.

Según Saenz, estas últimas representan el desafío más inmediato.

«El presidente no puede cambiar las reglas electorales»

Uno de los mensajes más contundentes de su intervención fue aclarar el alcance del poder presidencial en materia electoral.

«The president of the United States has no authority whatsoever to regulate elections.»

Saenz explicó que cualquier cambio nacional requeriría la aprobación del Congreso y recordó que la Constitución reserva a los estados la administración de la mayoría de los procesos electorales.

Por ello, pidió a periodistas y organizaciones comunitarias concentrar sus esfuerzos en informar con suficiente anticipación cuáles son los requisitos vigentes en cada estado.

«The most important thing now is accurate information about what it will take to vote.»

«No existe evidencia de un fraude electoral generalizado»

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Saenz rechazó las afirmaciones sobre un fraude electoral masivo en Estados Unidos.

«There has not been any demonstrated proven widespread voting by non-eligible voters in the last 60 years.»

Añadió que tampoco existe evidencia que respalde la narrativa de millones de inmigrantes votando ilegalmente en elecciones federales.

Según el abogado, la mayor preocupación debería centrarse en garantizar que todos los ciudadanos elegibles conozcan los requisitos para ejercer su derecho al voto.

Millones podrían enfrentar obstáculos por las leyes de identificación

La segunda ponencia estuvo a cargo de Da Hae Kim, gerente de Políticas y Defensa de VoteRiders, organización dedicada a ayudar gratuitamente a ciudadanos que necesitan obtener documentos de identificación para votar.

Kim explicó que el mapa electoral estadounidense se ha vuelto mucho más complejo en los últimos años.

Actualmente, 38 estados exigen algún tipo de identificación para votar, mientras que otros evalúan requisitos adicionales relacionados con la prueba documental de ciudadanía.

La especialista presentó cifras que, según dijo, ilustran el impacto potencial de estas medidas.

«Nearly 21 million voting-age U.S. citizens do not have a current, non-expired driver’s license.»

También indicó que otros 29 millones poseen una licencia vigente, pero con información desactualizada, como nombre o dirección.

Además, señaló que aproximadamente 21 millones de ciudadanos estadounidenses tendrían dificultades para acceder rápidamente a documentos que prueben su ciudadanía, mientras que cerca de cuatro millones no disponen de ninguno de esos documentos.

El costo también puede impedir votar

Kim explicó que muchos ciudadanos no carecen de identificación por desinterés, sino por obstáculos económicos y logísticos.

Entre ellos mencionó el costo de los documentos, la falta de transporte hacia las oficinas gubernamentales y la pérdida de identificaciones durante desastres naturales.

«If it’s a choice of putting food on the table or getting an up-to-date license… putting food on the table will likely take precedence.»

La representante de VoteRiders recordó que su organización cubre gastos relacionados con la obtención de identificaciones, incluyendo transporte y tarifas administrativas.

Un condado convertido en laboratorio político

La tercera intervención correspondió a Annelise Pierce, directora y editora ejecutiva del medio local Shasta Scout, quien expuso cómo el condado de Shasta, en el norte de California, se ha convertido en uno de los casos más observados del país en materia de administración electoral.

Pierce explicó que, tras varios años de presión por parte de activistas que cuestionaban el sistema electoral, las autoridades locales eliminaron los equipos de votación de Dominion y promovieron el conteo manual de papeletas.

Posteriormente, los votantes aprobaron la denominada Measure B, una iniciativa que busca modificar profundamente el funcionamiento de las elecciones locales y que actualmente enfrenta impugnaciones judiciales por parte del estado de California.

Cambios que terminan afectando a los propios votantes

Más allá del debate político, Pierce sostuvo que muchas modificaciones han generado consecuencias prácticas inesperadas.

La eliminación de herramientas electrónicas para registrar votantes provocó largas filas en algunos centros de votación debido a la falta de personal suficiente para verificar manualmente la información.

«Elections are both about process and policy, but it’s also about optics and perception.»

Añadió que la confianza pública depende tanto de la seguridad del sistema como de que los ciudadanos comprendan claramente cómo votar.

La desinformación preocupa a todos los expertos

En la parte final del foro, los tres panelistas coincidieron en que la principal amenaza para las elecciones de noviembre será la circulación de información falsa sobre fechas, requisitos de identificación y lugares de votación.

Saenz pidió a los medios evitar amplificar acusaciones infundadas de fraude.

«There is no reason to lose any confidence in our election security. Our election security is among the best in the world.»

Kim expresó su preocupación porque muchos ciudadanos descubran demasiado tarde que necesitan documentos específicos para votar.

Por su parte, Pierce señaló que incluso los cambios administrativos bien intencionados pueden reducir la confianza pública si no van acompañados de información clara y educación cívica.

Un llamado a verificar antes de votar

Los especialistas concluyeron que las reglas electorales seguirán variando de un estado a otro durante los próximos meses.

Por ello, recomendaron que los votantes consulten únicamente información oficial de sus autoridades electorales locales y verifiquen con anticipación si necesitan actualizar su registro o presentar una identificación específica antes de acudir a las urnas.

Para los panelistas, la mejor herramienta para proteger la integridad de las elecciones de 2026 no es el miedo, sino una ciudadanía bien informada.