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Gobernador de Florida anuncia legislación para contrarrestar la crisis fronteriza

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Este jueves, el gobernador de Florida (Estados Unidos), Ron DeSantis, anunció una amplia propuesta legislativa para tomar medidas contra la crisis fronteriza ocasionada por la inmigración ilegal.

DeSantis explicó que aumentarán las sanciones por tráfico de personas, se fortalecerán los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigirán el uso universal de E-Verify, mejorarán las sanciones por falsificación de documentos y prohibirán que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas que no se encuentran legalmente en el país.

Florida liderará el camino para proteger a los estadounidenses de los efectos nocivos de la agenda de fronteras abiertas de la izquierda”, destacó el gobernador.

“Con esta legislación, Florida continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros ilegales, impidiendo que los municipios emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a los que están aquí legalmente”, agregó DeSantis.

 

A continuación información más detallada sobre el anuncio del gobernador:

 

La legislación también invalida todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados, requiere que aquellos que se registren para votar afirmen que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales de Florida, evita que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía y elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados.

Además, la propuesta requiere que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros ilegales y que informen periódicamente los datos al Gobernador y la Legislatura. Según lo ordenado por la Orden Ejecutiva 21-223, se recopilaron estos datos y durante el año fiscal 2021-22, los costos de atención médica para extranjeros ilegales en Florida fueron de casi $340 millones y los contribuyentes pagaron más de dos tercios de este costo. 

El aumento de las penas por el contrabando de personas sigue las recomendaciones del gran jurado reunidas por la Corte Suprema de Florida a pedido y voluntad del gobernador DeSantis:

  • Hacer que sea un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de $5,000 y cinco años de libertad condicional, transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal dentro o hacia el estado;
  • Convertirlo en un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta $10,000, si el inmigrante ilegal es menor de 18 años; y
  • Especificar que una persona comete un delito separado por cada persona transportada, oculta o albergada y permitir que las personas transportadas sean detenidas por las fuerzas del orden público como testigos materiales.

Estas medidas se basan en las acciones anteriores del gobernador DeSantis para mantener seguros a los floridanos frente a una política fronteriza federal insegura sin precedentes, que incluyen:

  • El envío de equipos y agentes del orden público del estado de Florida a Texas, donde detuvieron a miles de extranjeros ilegales y ayudaron en cientos de arrestos penales por delitos graves, incluidos el tráfico de personas y el contrabando de drogas;
  • Emitir una orden ejecutiva que prohíba que las agencias estatales de Florida brinden apoyo para el reasentamiento de extranjeros ilegales en Florida y prohíba la concesión de licencias a instalaciones que albergan a menores no acompañados;
  • Firmar una legislación que prohíba los contratos del gobierno con entidades privadas que ayudan a la administración de Biden a reasentar inmigrantes ilegales en Florida;
  • Firmar legislación que requiera que todos los empleadores, contratistas y subcontratistas públicos que intenten celebrar contratos con empleadores públicos utilicen E-Verify para determinar la elegibilidad para el empleo;
  • Demandar a la administración de Biden por su política ilegal de “atrapar y liberar” y hablar cuando la administración anunció planes para poner fin al Título 42, afirmando ridículamente que las restricciones pandémicas y las “medidas de emergencia” todavía se requerían a nivel nacional mientras intentaba acabar con las medidas pandémicas en la frontera;
  • Formar una fuerza de ataque de las fuerzas del orden público estatales y locales para interceptar el contrabando y la trata de personas y para incautar armas ilegales que se transportan a través del estado, lo que ha resultado hasta ahora en 200 cargos por delitos graves, casi 40 cargos por contrabando de personas y 66 cargos por drogas y la incautación de más de medio millón de dólares en drogas ilícitas;
  • Solicitar con éxito a la Corte Suprema de Florida que integre un gran jurado estatal para examinar las redes internacionales de contrabando de personas que traen extranjeros a la frontera sur y, en última instancia, a Florida;
  • Asegurar $12 millones para facilitar el transporte de extranjeros ilegales a Martha’s Vineyard y otros estados santuario, llevando la crisis fronteriza a las comunidades que apoyan las políticas de fronteras abiertas de Biden; y
  • Emitir una orden ejecutiva para movilizar los recursos de la policía estatal y la Guardia Nacional para ayudar en la interdicción de más de 2,000 migrantes que intentan aterrizar en las costas de Florida.

 

 

Fuente: www.flgov.com

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