Feminicidios desangran a México, sin solución a la vista

Una tarde de noviembre Mónica Citlalli Díaz salió de su casa en una populosa localidad a las afueras de la capital mexicana para dirigirse a la escuela donde impartía clases de inglés. No llegó al trabajo.

Su ausencia alertó de inmediato a su familia y sus colegas, que empapelaron las paredes de la localidad de Ecatepec con volantes con su fotografía.

Después de cuatro días sin señales de Díaz, de 30 años, sus familiares bloquearon la calle frente a la escuela para exigir acción a las autoridades. Dos días más tarde su cuerpo fue hallado entre la maleza junto a una carretera.

Las mujeres en México están muriendo a un ritmo aterrador: desde enero hasta noviembre se registraron 131 feminicidios y 241 homicidios sólo en el Estado de México, que rodea a la capital, y el año pasado en todo el país hubo más de 1.000 feminicidios y homicidios dolosos, cifra sólo superada por Brasil en América Latina.

Expertos y defensores de los derechos humanos sostienen que la violencia de género puede atribuirse a un machismo cultural profundamente arraigado y a la desigualdad sistémica, así como a un sistema plagado de problemas: policías que no aceptan denuncias sobre mujeres desaparecidas, investigaciones torpes y fiscales y jueces que revictimizan a las mujeres.

Son tantos los casos que la mayoría recibe poca atención. Pero las protestas de la familia de Díaz presionaron a las autoridades y acapararon los titulares.

Tres días después de su desaparición, el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, pidió un protocolo nacional para tratar los feminicidios y dijo que todos los homicidios de mujeres debían ser investigados como tales. Al día siguiente, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba de acuerdo con la propuesta.

Algunos estados han intentado abordar el problema creando fiscalías para delitos de género. Por su parte, el gobierno federal ha declarado más de dos docenas de alertas por violencia de género desde 2015 a pedido de grupos de la sociedad civil.

Estas alertas obligan a las autoridades locales, estatales y federales a tomar medidas de emergencia coordinadas y garantizar la seguridad, la prevención y el acceso a la justicia. Pero las propias autoridades han reconocido que los beneficios de las alertas y otras medidas han sido limitados.

“Veía los casos de feminicidios en la televisión y siempre decía ‘pobres mujeres, pobres de sus familias, pobres de sus hijos’”, recordó Massiel Olvera, la hermana mayor de Díaz. “La manera tan horrible como vulneraban sus cuerpos, la manera tan atroz como las lastimaban, como las dejaban”.

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