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En Arizona acusan a 22 personas por traficar con migrantes irregulares usando redes sociales

Después de contratar a los conductores en las redes sociales, los coordinadores solían recurrir a una aplicación de mensajería como WhatsApp para coordinar la logística

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La oficina del Departamento de Justicia de la fiscalía del Distrito de Arizona informó ayer martes sobre la acusación a 22 personas vinculadas con el contrabando de inmigrantes indocumentados coordinado en redes sociales.

En un comunicado se precisó que la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona anunció la reciente revelación de 13 acusaciones formales que acusan a un total de 22 personas de conspiración para transportar extranjeros ilegales con fines de lucro.

Cada acusación formal acusa a un coordinador de tráfico de personas que utilizó las redes sociales, incluido Snapchat, para reclutar personas dentro de Arizona para transportar a no ciudadanos indocumentados a cambio de dinero.

Después de contratar a los conductores en las redes sociales, los coordinadores solían recurrir a una aplicación de mensajería como WhatsApp para coordinar la logística. Muchos de los coordinadores acusados fueron identificados a través de contactos policiales, datos de teléfonos celulares y sus cuentas de redes sociales.

Los coordinadores de contrabando a menudo reclutan a jóvenes y adultos jóvenes como conductores con publicaciones en las redes sociales que exaltan el contrabando de extranjeros. Muchas de las publicaciones afirman que los conductores pueden ganar grandes sumas de dinero sin riesgo de ser arrestados, como se muestra a continuación en un ejemplo del primer caso enumerado.
Los casos acusados incluyen:

Estados Unidos contra Ramón Moreno López ; CR-23-01022-DWL
Estados Unidos contra Mauricio Andrade García y otros; CR-23-01024-DLR
Estados Unidos contra Juan Ausencio Avendaño, et al. ; CR-23-01026-DJH
Estados Unidos contra Josiah Gomez, et al. ; CR-23-01042-MTL
Estados Unidos contra Jalen Harris, et al. ; CR-23-01051-MTL
Estados Unidos contra Rubén Ibarra, et al. ; CR-23-01023-GMS
Estados Unidos contra Dominic Leos, et al. ; CR-23-01025-MTL
Estados Unidos contra José Molina ; CR-23-01041-SPL
Estados Unidos contra Keyani Pérez, et al. ; CR-23-01040-DGC
Estados Unidos contra Armando Ramírez, et al. ; CR-23-01021-DLR
Estados Unidos contra Fabián Rivera, et al. ; CR-23-01020-DLR
Estados Unidos contra José Sarabia, et al. ; CR-23-01019-JJT
Estados Unidos contra Arnoldo Soto, et al. ; CR-23-01043-MTL

Una condena por conspiración para transportar extranjeros ilegales con fines de lucro conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares y hasta tres años de libertad supervisada.

Una acusación es simplemente un método mediante el cual se acusa a una persona de actividad criminal y no se infiere ninguna inferencia de culpabilidad. Se presume que un individuo es inocente hasta que se presenten pruebas ante un jurado que establezca su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Investigaciones de Seguridad Nacional – Casa Grande y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de Aduanas y Protección Fronteriza – Sector Tucson llevaron a cabo las investigaciones. Los fiscales federales adjuntos Ross Arellano Edwards, John Ballos, Timothy Courchaine, Brett Day, Matthew Doyle, Lisa Jennis, Christine Keller, Marcus Shand, LeighAnn Thomas y Stuart Zander, Distrito de Arizona, Phoenix, están a cargo de los procesamientos.

Fuente: Oficina del Fiscal Federal, Distrito de Arizona

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