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EEUU impone restricciones de visa a 100 funcionarios en Nicaragua por su apoyo “al régimen de Ortega”

El Departamento de Estado ha impuesto más de mil restricciones de visas a funcionarios nicaragüenses hasta la fecha

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El gobierno de Estados Unidos impuso el viernes restricciones a 100 funcionarios municipales en Nicaragua “por su apoyo a los ataques del régimen” del presidente Daniel Ortega en contra de organizaciones de derechos humanos, informó el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

El Departamento de Estado enumeró las últimas acciones del gobierno de Ortega en contra de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) ; así como del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE): ambos fueron clausurados y tuvieron sus edificios confiscados por supuestas ilegalidades.

“Quienes participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien a su vez reiteró el llamado a la liberación del obispo Rolando Álvarez, detenido desde más de un año por el gobierno de Daniel Ortega.

“Estados Unidos continúa trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, citado en el comunicado.

Más de 1.000 restricciones de visas a funcionarios nicaragüenses

Según el Departamento de Estado, a la fecha se han impuesto restricciones de visas a más de 1.000 funcionarios nicaragüenses involucrados en abusos a los derechos humanos, represión de voces independientes y actos de corrupción.

En ese sentido, investigadores centroamericanos coinciden en que se debe seguir presionando al gobierno de Managua a través de sanciones más estratégicas, pues hasta el momento el gobierno de Daniel Ortega no ha cedido a las presiones de Estados Unidos que demanda el restablecimiento de la democracia.

“Estamos hablando de sanciones hacia individuos, entidades y ciertos sectores, de esta manera, afectando a personas a cargo de violaciones de derechos humanos, a nivel internacional, sin tener un impacto generalizado hacia la población, pero se debe seguir presionando”, dijo a la VOA, Julio Martínez, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto.

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