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Deuda contra presupuesto, el contrapunteo legislativo

La mayoría republicana de la Cámara Baja protagoniza un forcejeo legislativo con el Ejecutivo federal. Pocos se atreven a predecir qué rumbo puede tomar la historia

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El líder de la oposición republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, acaba de anunciar la aprobación de un aumento del límite de endeudamiento de Estados Unidos. Sin embargo, anteriormente había dicho que no lo haría “sin condiciones”, en referencia a las negociaciones presupuestarias propuestas por el Ejecutivo federal.

Esto demuestra que, para los republicanos, se está hablando de dos fichas de cambio en un mismo juego.

El controversial presupuesto del presidente Joe Biden ha establecido así el terreno para nuevas líneas de batalla entre demócratas y republicanos, que probablemente se prolongarán hasta las elecciones presidenciales de 2024.

El ambicioso plan de gasto incluye la derogación de los recortes fiscales de la era Trump, que beneficiaron a quienes ganan más de 400 mil dólares al año.

También contempla el aumento de impuestos corporativos para financiar Medicare, que ofrece un seguro médico financiado por el gobierno para personas mayores de 65 años y Medicaid que ayuda a personas de bajos ingresos.

Además, propone crédito fiscal infantil mejorado permanente, junto a prioridades medioambientales y educativas, entre otros programas. Todo esto va junto a medidas de reducción del déficit.

Por si fuera poco, algunos consideran que está en juego el futuro de la Seguridad Social, que el presupuesto no aborda, pero que seguramente será objeto de polémicas entre las dos bancadas partidistas del Congreso.

Dificultades para predecir

Sobre esta propuesta, el presidente Biden dijo: “Mi presupuesto es un hito para reconstruir Estados Unidos de forma fiscalmente responsable, sin dejar a nadie atrás”.

Pero el ala republicana ya ha dejado clara su intención de rechazar la propuesta. La perspectiva es que se enfrentará a un proceso nada fácil para su aceptación.

“Es muy difícil saber qué pasará con la decisión del Congreso”, según Chad Stone. El economista jefe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, considera que el presidente va a tener que ser flexible en sus posiciones para que las cosas avancen.

Stone también recuerda que, aunque la propuesta presupuestaria de Biden represente su visión y deseos, la Constitución otorga al Congreso el poder de decidir en materia de impuestos y gastos, por lo que no hay obligación de aceptar las propuestas del Presidente.

“Hay que tener en cuenta que la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Republicano. Ellos pueden proponer su propio presupuesto”, dice.

Una nota de AP firmada por Chris Megerian resume en pocas líneas el posible panorama: “Con los republicanos en el control de la Cámara de Representantes, no hay ninguna posibilidad de que el nuevo plan presupuestario del presidente Joe Biden se convierta en ley tal cual. En su lugar, el plan financiero (…) servirá como tema de debate político para un presidente que se prepara para presentarse a la reelección”.

Pero llevar la contraria a un presidente demócrata por el simple hecho de hacerlo, puede introducir la situación en terrenos movedizos, entre otras razones, por su poca capacidad de maniobra en forma conjunta con otra jugada.

Lo rescatable de la propuesta

Elizabeth Lower-Basch, directora ejecutiva adjunta de política del Centro para el Derecho y Pobreza CLASP, percibe que el polémico presupuesto busca hacer inversiones significativas en familias, niños, trabajadores y personas de bajos ingresos.

Como ejemplo, destaca la iniciativa de devolver el Crédito Tributario por Hijo, que fue parte del Plan de Rescate Económico que se inició debido a la pandemia del COVID-19 y que proporcionaba a las familias alrededor de 3 mil 600 dólares por hijo al momento de declarar sus impuestos.

Cúpula del Capitolio Federal - Pixabay
Cúpula del Capitolio Federal – Pixabay

La experta destaca que, a medida que se reducen los programas contra la pandemia, las familias luchan por cubrir los crecientes costos de la alimentación, el cuidado de los niños y la atención sanitaria.

También le parece positivo que se proponga reducir la brecha de cobertura de Medicaid en los estados que no han ampliado e introducir mejoras permanentes en la Ley de Asistencia Asequible. Sin embargo, han surgido preocupaciones sobre la complejidad y las posibles lagunas en la cobertura causadas por el proceso de renovación de Medicaid.

Sin embargo, ella también teme que ocurrirán numerosas luchas para poder conseguir finalmente la aprobación en el Legislativo federal.

Seguridad Social, el dolor de cabeza

“Aunque el presidente no detalló el presupuesto en relación con la Seguridad Social, sí aseguró que no habrá ningún tipo de reducción de las prestaciones y que trabajará con el Congreso para reforzarla”.

Así lo señaló Andrew Eschtruth, Director Asociado de Relaciones Externas del Centro para Investigación sobre la Jubilación del Boston College.

Continúa diciendo que, aunque el presupuesto no detalla el asunto, sí le da prioridad al gasto administrativo del programa, algo importante por los retrasos causados por el cierre de oficinas durante la pandemia.

Si no se introducen cambios en la política, el programa podría pagar las prestaciones completas hasta 2035, y a partir de allí tendría que pagar aproximadamente el 80% de las prestaciones.

El déficit de financiación a largo plazo del programa sigue siendo un problema, y continúan las discusiones sobre cómo solucionarlo. Habría que buscar cómo aumentar los ingresos, reducir las prestaciones o retrasar la plena edad de jubilación.

El presupuesto en cuestión no propone reducción alguna de las prestaciones y más bien piensa colaborar con el Congreso para reforzar la Seguridad Social.

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