Abogado de Pittsburgh denuncia ante la CIDH la muerte de pescador colombiano en bombardeo de EE.UU.

Un abogado de Pittsburgh presentó una petición de derechos humanos en nombre de la familia de un pescador colombiano que murió durante un ataque militar estadounidense a una embarcación en el Caribe, un operativo que Washington ha justificado como parte de su ofensiva contra supuestos “narco-terroristas”.

Daniel Kovalik, abogado conocido por su trabajo en casos de derechos humanos en Sudamérica, presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de los familiares de Alejandro Carranza Medina, fallecido el 15 de septiembre. Mientras el gobierno de Donald Trump sostiene que se trata de acciones contra el tráfico de drogas proveniente de Venezuela, Kovalik acusa a EE.UU. de matar a pescadores inocentes.

Detalles de la situación

Según cifras divulgadas por el propio gobierno estadounidense, más de 80 personas han muerto este año en ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Washington afirma —sin divulgar pruebas— que todas transportaban cargamentos ilícitos. Sin embargo, la familia de Carranza Medina sostiene que él se encontraba pescando marlín y atún cuando su bote fue alcanzado por una bomba.

“Él estaba pescando. Lo último que le dijo a su familia fue que era un gran día para salir al mar”, relató Kovalik, quien viajó recientemente a Colombia a petición del presidente Gustavo Petro para reunirse con los familiares de la víctima.

La demanda señala directamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien acusa de ordenar los ataques aéreos sin conocer la identidad de quienes estaban a bordo. Kovalik califica las muertes como “asesinatos” y recuerda que ninguna de las víctimas ha enfrentado cargos o procesos judiciales.

“En mi país, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo. “No se puede simplemente matar gente”.

Habla el gobierno estadounidense

El presidente Trump, también mencionado en la petición, ha acusado a Petro de ser un “matón” y un “líder del narcotráfico”, imponiendo sanciones y tarifas contra Colombia. Hegseth, por su parte, asegura que Estados Unidos cuenta con “pruebas creíbles” de que las embarcaciones atacadas transportaban droga, aunque no ha presentado evidencias públicas.

Se le consultó a la Casa Blanca el jueves por la noche, pero no emitió una respuesta.

El Departamento de Guerra declinó comentar sobre el caso, aunque su portavoz principal, Sean Parnell, afirmó que las acciones militares en el Caribe se apegan a la ley y que cada operación fue revisada por asesores jurídicos.

“La cadena de mando ha evaluado rigurosamente la legalidad de estos operativos. Ningún abogado involucrado ha cuestionado las acciones en el Caribe”, señaló Parnell en un comunicado.

La CIDH no tiene autoridad para frenar las operaciones militares estadounidenses, reconoce Kovalik, pero confía en que su intervención pueda influir en la opinión pública y aumentar la presión internacional.

El profesional de las leyes dice que continuará impulsando el caso mientras espera que la Comisión Interamericana admita la petición.

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