¿Por qué el gobierno castiga el uso que algunos cubanos hacen de símbolos patrios?

Amnistía Internacional advirtió en diciembre de 2022 que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal de Cuba a la población le esperaba “un panorama aterrador para 2023 y años posteriores”. Los hechos recientes parecen hacer coincidir tal vaticinio con la realidad.

Hasta el cierre del mes de julio del presente año había en Cuba 1.047 personas detenidas o enjuiciadas ya por motivaciones políticas. Prisoners Defenders, una relatoría con sede en España que recoge regularmente los encarcelamientos e incidentes con los derechos humanos en la isla, informó que otras 24 personas se sumaron en el último mes a ese listado.

El gobierno cubano no reconoce como presos políticos a disidentes u opositores a su sistema; es común que les tilde de “contrarrevolucionarios”, “agentes al servicio de una potencia extranjera” o los acuse de atentar contra la seguridad del Estado.

“Ultraje a los símbolos nacionales”

El 18 de agosto pasado la Fiscalía en Camagüey –una provincia al centro de Cuba y a algo más de 500 kilómetros de La Habana- solicitó cuatro años de cárcel para Aniette González García por el acto de fotografiarse en su propia casa envuelta en la bandera cubana y publicar las imágenes en su cuenta de Facebook.

¿Su delito? supuestamente violar el Artículo 269, Capítulo III del Código Penal, que refiere al “ultraje a los símbolos nacionales”.

González García se tomó las fotos el 22 de marzo, siguiendo la convocatoria del activista de derechos humanos residente en Estados Unidos Héctor Luis Valdés Cocho. Este, a su vez, daba apoyo a la serie Le drapeau (La bandera, en francés) del artista multidisplinario Luis Manuel Otero Alcántara, hoy condenado a cinco años de cárcel por –entre otros delitos- “ultraje a los símbolos nacionales”… de carácter continuado.

Al día siguiente, el 23 de marzo, Aniette González fue detenida y recluida en la prisión de mujeres Kilo 5, de Camagüey, donde espera una fecha para un probable juicio.

En cuestión, el acápite penal expresa: “Quien mancille o, con otros actos, muestre desprecio a la Bandera de la estrella solitaria, al Himno de Bayamo o al Escudo de la Palma Real, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas”.

Aniette Ginestá, niega que su madre haya cometido delito alguno.

“No por nuestra manera de pensar ni porque sea mi mamá, sino por las propias leyes. Es que no hay delito, ella no tiene delito, según las leyes, no según nosotros, no según nuestra manera de pensar; o sea que ahora mismo ella está privada de su libertad (de forma) totalmente ilegal”, dijo en conversación telefónica con la Voz de América.

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