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Multas y prisión a quien apoye sanciones al chavismo

El oficialismo venezolano contestó a una normativa de EEUU con su propia “Ley Simón Bolívar”

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El oficialismo venezolano contestó a una normativa de EEUU con su propia “Ley Simón Bolívar”, que apunta contra quienes promuevan las sanciones económicas extranjeras, acciones “armadas” y ataques cibernéticos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Los aliados del gobierno de Nicolás Maduro sancionaron este jueves en Venezuela una ley que contempla “penas gruesas” contra los opositores que apoyen las sanciones económicas extranjeras, acciones “armadas” y “ataques cibernéticos” contra el Estado.

La ley impulsada por el chavismo en el poder legislativo venezolano nació en respuesta a una normativa aprobada hace pocos días en Estados Unidos, que busca frenar el flujo financiero del chavismo y sus eventuales negocios con agencias federales.

Sanciones, cárcel y multas

La respuesta del chavismo a EEUU fue una ley de dos docenas de artículos, identificada como la “Ley Simón Bolívar” y que apunta a quienes hayan apoyado el “bloqueo criminal” y las sanciones de Estados Unidos, adelantó el presidente venezolano.

A diferencia de leyes anteriores, esta no da herramientas ni autorizaciones al gobierno de Venezuela para hacer frente a las sanciones económicas extranjeras.

En cambio, apunta contra venezolanos y extranjeros que “promuevan, instiguen, soliciten, respalden o participen” en sanciones económicas, acciones violentas y “ataques cibernéticos” contra el país, sus autoridades e instituciones.

Sus penas incluyen impugnación de candidaturas, multas millonarias, prisión de 25 a 30 años, la inhabilitación para ejercicio de funciones públicas y la inhabilitación política por “hasta 60 años”.

Multas y prisión a quien apoye sanciones al chavismo
Créditos: @Asamblea_Ven / https://x.com/Asamblea_Ven/status/1862217021267861654?t=4xD3OSuQDl3qb-a7lwB0YA&s=08

La inhabilitación política no debe excluir condenas de cárcel contra los involucrados, opinó en el debate en el poder legislativo Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hombre de confianza de Maduro.

La “Ley Simón Bolívar” también establece la posibilidad de “expulsión y prohibición de ingreso” al territorio venezolano de extranjeros que “cometan acciones contrarias a valores y derechos irrenunciables” del país suramericano.

Además, se precisa que las investigaciones de los delitos previstos en la ley serán “imprescriptibles” y serán adelantadas de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, que incluye una audiencia oral del juicio contra los acusados.

Medios y redes sociales con una diana

La normativa indica que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio contra los imputados, es decir, que el Estado podrá enajenar sus bienes muebles e inmuebles. Los delitos de la ley son considerados como una “actividad ilícita de delincuencia organizada”.

También, se prevén revocatoria de concesiones y multas millonarias contra emisoras radiales y canales de televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes que promuevan las sanciones económicas extranjeras.

La ley contempla la negación de “permiso” del Estado e incluso multas para redes sociales que difundan ese tipo de mensajes a favor de sanciones o acciones violentas contra el Estado. Se permite tomar “medidas preventivas” contra investigados por esos delitos.

El Estado llevará un “registro” de quienes estén presumiblemente involucrados en “acciones” sobre sanciones económicas extranjeras y planes violentos, que podría derivar en el congelamiento de activos y la prohibición de comprar, vender, importar o exportar bienes, así como la negación de visas a extranjeros y su prohibición de ingreso al país.

Se trata de “penas gruesas” contra quienes no sólo apoyen las sanciones, sino que además “pidan acciones de cualquier extranjero que quiera dañar a Venezuela”, adelantó Maduro.

María Corina Machado, dirigente del movimiento opositor Vente Venezuela, mencionada múltiples veces como simpatizante de la “Ley Bolívar” de EEUU en los debates del poder legislativo, es investigada por la Fiscalía por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir, por haber apoyado la legislación.

Este jueves, la líder opositora respondió asegurando que solo puede ser acusada de traición a la patria cuando deje de luchar por lograr un país libre.

«No les vamos a dar ese gusto, porque resignarnos sí sería traicionarla, nosotros la vamos a defender hasta el final”, manifestó en un video divulgado en sus redes sociales.

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