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En un nuevo episodio de represión religiosa, el gobierno de Nicaragua arrestó a 12 religiosos católicos, exacerbando las tensiones entre el régimen de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. Los detenidos, entre los cuales se encuentran sacerdotes y líderes laicos, fueron arrestados bajo cargos de conspiración y desestabilización, según fuentes oficiales.
Este acto forma parte de una serie de medidas represivas que el gobierno de Ortega ha implementado en los últimos meses, dirigidas especialmente contra la Iglesia Católica, que ha sido una de las voces más críticas del régimen. La detención de los religiosos ha generado una ola de indignación tanto dentro como fuera del país, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y la libertad religiosa.
La Iglesia Católica en Nicaragua, que ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, ha denunciado la detención como un acto de intimidación y persecución política. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia contra sus miembros y pidió a la comunidad internacional que intervenga para detener lo que consideran un ataque directo contra la fe y la libertad de culto.
ONG rechazan arrestos
Organizaciones de derechos humanos han señalado que estos arrestos son parte de una estrategia más amplia del gobierno de Ortega para silenciar a la oposición y consolidar su poder. Según expertos, la represión contra los religiosos busca neutralizar a uno de los pocos sectores de la sociedad nicaragüense que aún tiene la capacidad de movilizar a la población contra el régimen.
El arresto de los 12 religiosos ha generado una creciente preocupación internacional. Diversos países y organizaciones han condenado las acciones del gobierno nicaragüense, llamando a la liberación inmediata de los detenidos y al respeto de los derechos fundamentales.
Este incidente es un reflejo del deterioro de la situación política y social en Nicaragua, donde la represión gubernamental continúa sofocando las voces disidentes y limitando las libertades básicas de la población. La comunidad internacional sigue atenta al desarrollo de los acontecimientos en el país, donde la tensión entre el gobierno y la Iglesia parece estar lejos de resolverse.
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