Fiscal de Luisiana presiona a activistas para revelar información confidencial de inmigrantes

Tres organizaciones locales de derechos de los inmigrantes denunciaron que el fiscal general de Lousiana Jeff Landry está tratando de forzarlos, Home is Here NOLA y Louisiana Advocates for Immigrants in Detention y a Immigration Services and Legal Advocacy (ISLA) a entregar información confidencial sobre los inmigrantes en un esfuerzo tenue por apoyar su capacidad legal para alegar reclamaciones legales para desafiar las políticas de inmigración de la Administración Biden en Arizona vs. Demanda de Garland.

En un comunicado destacaron que la demanda de información confidencial amenaza el privilegio abogado-cliente, la libertad de asociación, la libertad religiosa, dicen las organizaciones.

Las tres organizaciones locales de derechos de los inmigrantes impugnaron las citaciones del fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, quien intenta obligar a las organizaciones a entregar información confidencial sobre sus clientes.

En una solicitud presentada el lunes pasado en un tribunal federal para anular las citaciones, las organizaciones dicen que las citaciones “indebidamente gravosas” amenazan el privilegio abogado-cliente, la libertad de asociación y la libertad religiosa. La divulgación de la información solicitada dañaría a las organizaciones, sus clientes y la comunidad en general, sostienen.

Louisiana Advocates for Immigrants in Detention (La AID), Immigration Services and Legal Advocacy (ISLA) y Home is Here NOLA son organizaciones pequeñas que brindan varios tipos de ayuda mutua, sistemas legales y otros sistemas de apoyo a inmigrantes detenidos, así como a personas que regresan a la comunidad después de la detención y aquellos que enfrentan procedimientos de deportación de inmigración.

Landry emitió citaciones a estos grupos en lo que llaman un esfuerzo tenue para respaldar su capacidad legal para alegar reclamos legales para desafiar las políticas de inmigración de la administración Biden en la demanda federal, Arizona v. Garland .

“Es preocupante que los recursos de la Oficina del Fiscal General del Estado se estén desviando para obtener ganancias políticas contra pequeñas organizaciones sin fines de lucro basadas en la comunidad que están construyendo relaciones de cuidado y pertenencia con residentes que tienen pocas otras opciones de apoyo. El uso de recursos estatales para apuntar a miembros de su propia comunidad sin fines de lucro, en particular aquellos que trabajan con residentes que ya están muy marginados, es un intento de derribar el tejido social de ayuda mutua que las personas en Luisiana siempre han construido juntas y va en contra de la misión de la oficina para proteger a la gente de Luisiana”, dijo Julie Yael Ward , codirectora de Home is Here.

Landry solicita estas citaciones basándose en su afirmación de que Luisiana ha incurrido en mayores costos debido al aumento de la inmigración. Sin embargo, los registros y la información que alega son relevantes para este reclamo (la cantidad de personas que solicitan beneficios y el monto) no es información que estas organizaciones tengan y que ya esté en posesión del gobierno, señalan las organizaciones. Al mismo tiempo, Landry busca información confidencial adicional irrelevante para el caso, como la identidad de sus clientes.

“Estoy profundamente perturbado por el intento del gobierno estatal de violar la santidad de una iglesia al pedir las identidades de las personas vulnerables a las que servimos. Jesús era un niño refugiado en Egipto. Esta citación representa una intrusión por parte del estado en nuestro derecho constitucionalmente protegido de practicar nuestra fe”, dijo Frances Kelley de LA AID.

El trabajo de las organizaciones, dicen, depende de la confianza de las comunidades de inmigrantes, y una piedra angular de esa confianza es la confidencialidad, ya que muchos de sus clientes se encuentran en estados profundamente vulnerables después de huir de la persecución, soportar la detención y buscar protección a través de un estatus legal. Entregar información que las organizaciones prometieron mantener confidencial dañaría su credibilidad y socavaría su capacidad de funcionar, además de amenazar los derechos y privilegios federales fundamentales que protegen las comunicaciones entre abogados y clientes.

“Como Fiscal General, Jeff Landry debe saber que la información privada y confidencial de nuestros clientes está protegida por el privilegio abogado-cliente. Si se le permite romper este principio legal fundamental en su ataque a los inmigrantes, ¿qué le impedirá hacer lo mismo contra otros opositores políticos? Esta citación demuestra su voluntad de abusar del poder de su cargo en un lamentable intento de impulsar su carrera política. No seremos intimidados y seguiremos defendiendo los derechos de nuestros clientes”, dijo Homero López , Director Legal de ISLA .

“Estas citaciones no son más que una expedición de pesca diseñada para detener a estas organizaciones”, dijo la abogada del Centro de Derechos Constitucionales, Jessica Vosburgh . “Apoyamos sus misiones indispensables y el trabajo que realizan para ayudar a las comunidades inmigrantes vulnerables en Luisiana”.

Fuente: Centro de Derechos Constitucionales