EEUU califica de “infundados” los cargos contra el obispo nicaragüense Rolando Álvarez

El gobierno de Estados Unidos aseguró este viernes que los cargos presentados por la justicia nicaragüense en contra del obispo Rolando Álvarez, crítico con el presidente Daniel Ortega, “son infundados” y una “clara violación a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Ante una consulta de la Voz de América sobre el caso, el Departamento de Estado destacó que en los últimos meses, “el régimen” continuó enviando a la cárcel a sacerdotes y laicos, y ha forzado el cierre de estaciones de radio católicas e incluso ha expulsado a las monjas de las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa.

Álvarez, de 56 años y actual obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, fue remitido a juicio el pasado 10 de enero tras ser acusado de los supuestos delitos de conspiración y de propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado.

La jueza Gloria María Saavedra Corrales, quien está a cargo del caso del obispo, mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliar.

El Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos y miembros de la comunidad internacional han tomado medidas para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen de Ortega-Murillo y continuarán haciéndolo.

“Pedimos la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez y todos los demás presos políticos que han detenido injustamente”, agregó el Departamento de Estado.
Más de 15 procesos penales contra sacerdotes en 2022

El gobierno de Nicaragua inició el 2023 prohibiendo diferentes actividades religiosas en el país y acelerando procesos judiciales contra sacerdotes, denunciaron organizaciones y laicos a la Voz de América.

Sin embargo, el 2022 estuvo marcado por más de 140 agresiones contra los prelados y la institución que representan y se abrieron 15 procesos penales en contra de sacerdotes de la Iglesia católica, de acuerdo con una investigación realizada por la nicaragüense Martha Patricia Molina, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.

El gobierno de Ortega ha tildado a la Iglesia católica de “golpista” por albergar a manifestantes en los templos durante las protestas antigubernamentales en 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.

Ortega, quien lleva más de 15 años consecutivos en el poder, también ha llamado “falsos profetas” a los sacerdotes por pedirle que cese las violaciones a los derechos humanos.