Diálogo de paz entre gobierno de Petro y disidencia de las FARC, en crisis tras ataque a comunidad indígena

El gobierno colombiano reanudó sus operaciones armadas contra el Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo disidente de la antigua guerrilla de las FARC, esto tras el ataque armado de los rebeldes a varios integrantes de una comunidad indígena en el convulso departamento del Cauca.

El nuevo hecho de violencia de los alzados en armas, a quien el gobierno le concedió estatus político para poder sentarse en una mesa de diálogo, volvió a generar crisis en las conversaciones, con el presidente Gustavo Petro acusando al máximo comandante de este grupo de ser un “narcotraficante vestido de revolucionario” y de aprovechar la ronda de diálogos para “fortalecerse militarmente”.

Las negociaciones de paz entre el gobierno y el EMC comenzaron en octubre del año pasado, el mismo mes también arrancó un cese al fuego bilateral y temporal que fue prorrogado en enero de este año hasta el próximo 15 de julio, pero el presidente suspendió el acuerdo tras el ataque a la comunidad indígena Nasa.

Sobre este nuevo tropiezo, la Voz de América consultó a analistas sobre cómo puede afectar el diálogo con este grupo, al que, en el marco de la política de “paz total”, el presidente colombiano otorgó una segunda oportunidad para que pueda abandonar las armas.

“El gobierno tiene que proteger a las comunidades del Cauca, tiene que empezar a desarrollar una estrategia híbrida. Usando una metáfora muy popular: es el uso de zanahoria y garrote, garrote con aquellas estructuras que no quieran acogerse a la negociación y zanahoria con las que sí están mostrando voluntad de paz”, dijo a la VOA Luis Trejos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Barranquilla.

El decreto de suspensión y reanudación de las operaciones militares ofensivas se implementará en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en la región pacífica colombiana, donde centra principalmente sus operaciones este grupo armado.

Aunque para los analistas, a pesar de que el presidente Gustavo Petro ha endurecido su discurso contra del Estado Mayor Central y ha cuestionado la voluntad de paz al acusarlos de “vivir” del tráfico de cocaína, el gobierno ha mantenido una “actitud voluntarista” y ha “cedido demasiado” ante esta organización.

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