Detención, exilio y hostigamiento: el riesgo de informar en Latinoamérica

México es el país de Latinoamérica donde la prensa corre mayor peligro, según un informe de Reporteros sin Fronteras. Sin embargo, organizaciones defensoras del periodismo consideran que en casi todo el continente hay restricciones para ejercer libremente el oficio de informar.

No hay buenas noticias para la prensa en América Latina. A excepción de Uruguay, Costa Rica y Chile; «difícilmente haya un país (en la región) donde se pueda ejercer con total libertad el periodismo», advierte el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, quien además denuncia trabas en el acceso a la información pública.

México es el país más hostil para los comunicadores, de acuerdo con la SIP. Treinta y tres reporteros han sido asesinados desde finales de 2018 hasta la fecha, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ocho de estos crímenes han ocurrido en los primeros cuatro meses de 2022.

«Es el período más violento contra la prensa del que se tenga registro», alertó Leopoldo Maldonado, director de la ONG mexicana Artículo 19 en una conferencia de prensa.

En otras naciones de América Latina, los trabajadores de los medios son blanco de amenazas, hostigamiento e, incluso, violencia física por parte de agentes del Estado o de grupos criminales.

«Nicaragua es, hoy en día, el país donde mayor cantidad de periodistas están presos, donde también el gobierno ha confiscado medios, los ha cerrado. Más de 150 periodistas debieron salir al exilio para poder trabajar», dijo Trotti a VOA.

La jefa de prensa del canal de TV 100% Noticias, Lucía Pineda, es una de las periodistas nicaragüenses que tuvo que exiliarse por sus críticas al gobierno de Daniel Ortega. Pineda se refugia hoy en Costa Rica, pero estuvo presa por seis meses en Nicaragua por “incitación al odio”.

«Mientras esté esa dictadura no vamos a poder regresar muchos. No vamos a poder ejercer periodismo libre», señaló Pineda en conversación con VOA.

Al igual que en Nicaragua, en Venezuela los periodistas son víctimas de detenciones, confiscación de su material de trabajo, forzados el exilio y sometidos a presiones.

«El periodista venezolano es consciente de que, muchas veces, incurre en autocensura para tratar de sobrevivir laboralmente en algunas empresas, sobre todo las que dependen del Estado», explica León Hernández, profesor y miembro del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

A finales de 2021, un tribunal local embargó la sede del diario El Nacional, tras una demanda por difamación presentada por el diputado oficialista Diosdado Cabello. La justicia le impuso a El Nacional una multa de 30 millones de dólares y le entregó sus instalaciones a Cabello como parte de pago.

Pero frente al cierre de al menos 100 periódicos por falta de papel, y a la censura en radio y televisión, los comunicadores se han abierto otros caminos a través de la creación de podcasts y de páginas web o de la difusión de contenidos en Whatsapp.

«Son vías alternativas que no son consideradas vías de libertad de prensa. Lo hacen a través de redes sociales alternativas, donde la información no siempre es tomada con la seriedad necesaria que pueden tener los medios de comunicación», detalla Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP.

«Lo que se pensó iba a ser una evolución natural a lo digital fue forzada. Muchos periodistas venezolanos decidieron crear sus propios emprendimientos haciendo periodismo crítico, independiente», añade Hernández. No en vano, con frecuencia desde el Estado venezolano se bloquean portales de internet.

Por estos esfuerzos, la Sociedad Interamericana de Prensa cree que, a pesar de todos los obstáculos, el periodismo en la región ha logrado resistir a quienes lo oprimen.

«El ciudadano no está desvalido, recibe información, pero los periodistas sufren acoso judicial, acoso legal, violencia y, sobre todo, en muchos países, estigmatización desde poder político», indicó Trotti.

Denuncias que, reiteradamente, son negadas por mandatarios latinoamericanos, como los de Venezuela y Nicaragua, que acusan a la prensa de intentar desestabilizar sus gobiernos.