Biden aprobará medidas contra abusos policiales al cumplirse dos años de la muerte de Floyd

El Gobierno de EEUU firmará una orden ejecutiva histórica para promover una vigilancia policial eficaz y responsable y fortalecer la seguridad pública.

En un comunicado enfatizó que “hace dos años, el asesinato de George Floyd expuso para muchos lo que las comunidades negras y latinas saben y experimentan desde hace mucho tiempo: que debemos hacer más para garantizar que nuestra nación cumpla con su promesa fundacional de justicia justa e imparcial para todos. El incidente provocó uno de los movimientos sociales más grandes que haya visto este país, con llamados de todos los rincones para reconocer el legado del racismo sistémico en nuestro sistema de justicia penal y en nuestras instituciones en general”.

Este miércoles el presidente Biden firmará una histórica orden ejecutiva (EO, por sus siglas en inglés) para promover prácticas policiales y de justicia penal efectivas y responsables que generarán confianza pública y fortalecerán la seguridad pública.

“La policía no puede cumplir con su función de mantener seguras a las comunidades sin la confianza del público en la aplicación de la ley y el sistema de justicia penal. Sin embargo, hoy en día hay lugares en los Estados Unidos donde los lazos de confianza están desgastados o rotos. Para sanar como nación, debemos reconocer que los encuentros fatales con las fuerzas del orden público han involucrado de manera desproporcionada a personas negras y latinas”.

La orden ejecutiva del presidente Biden mejorará la confianza del público al promover la responsabilidad, la transparencia y los principios de igualdad y dignidad en la policía y el sistema de justicia penal en general. Una mayor confianza hace que la vigilancia sea más eficaz y, por lo tanto, fortalece la seguridad pública. Sin esa confianza, las víctimas no piden ayuda. Los testigos no dan un paso adelante. Los crímenes quedan sin resolver. No se hace justicia. La EO exige medidas para todas las agencias federales de aplicación de la ley, aprovechando la autoridad directa del presidente sobre el poder ejecutivo. La EO también requiere el uso de herramientas federales, como orientación sobre las mejores prácticas, capacitación y asistencia técnica, y concesión de subvenciones para apoyar las reformas en las agencias de aplicación de la ley estatales, tribales, locales y territoriales que fortalecerán la confianza pública y mejorarán la seguridad pública en todo el país.

Promueve la responsabilidad

Crea una nueva base de datos nacional de mala conducta policial. La EO ordena al Fiscal General que establezca una base de datos nacional de responsabilidad de las fuerzas del orden público, en la que deben participar todas las agencias federales de aplicación de la ley (LEA federales).

La base de datos incluirá registros de mala conducta de los oficiales (incluidas condenas, despidos, descertificaciones, juicios civiles, renuncias y jubilaciones mientras se investiga por mala conducta grave, y quejas sostenidas o registros de medidas disciplinarias por mala conducta grave), así como reconocimientos y premios. .

La base de datos tendrá protecciones de debido proceso para los oficiales. Todas las agencias federales deben usar la base de datos en la selección de personal, y será accesible para las LEA estatales y locales, a quienes se les anima a ingresar sus registros también. El Procurador General hará públicos los datos agregados, por agencia de aplicación de la ley, y evaluará si los registros de la base de datos pueden ser accesibles al público y en qué forma.

Fortalece las investigaciones de patrones o prácticas. La EO exige que se tomen medidas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones penales de los derechos civiles, lo que incluye

dirigir la emisión de mejores prácticas para investigaciones independientes y mejorar la coordinación para abordar la mala conducta sistémica a través de casos de patrón o práctica.

Garantiza investigaciones oportunas y exhaustivas y una disciplina constante. La EO requiere que las LEA federales adopten medidas para promover una investigación exhaustiva y la preservación de evidencia después de incidentes que involucren el uso de fuerza letal o muertes bajo custodia, así como para evitar demoras innecesarias y asegurar la administración adecuada de la disciplina.

Ordena la adopción de políticas de cámaras corporales. La EO ordena a todas las LEA federales que adopten y publiquen políticas de cámaras corporales que exijan la activación de cámaras durante actividades como arrestos y registros y dispongan la publicación pública acelerada de imágenes luego de incidentes que involucren lesiones corporales graves o muertes bajo custodia.

Eleva los estándares

Prohíbe el uso de estrangulamientos y restricciones de la carótida a menos que se autorice la fuerza letal, y restringe el uso de entradas sin tocar. La EO ordena a todas las LEA federales que adopten políticas que prohíban los estrangulamientos y las restricciones de la carótida a menos que se autorice la fuerza letal y restringe el uso de entradas sin tocar a un conjunto limitado de circunstancias, como cuando una entrada anunciada representaría una amenaza inminente de violencia física.

Requiere nuevos estándares que limiten el uso de la fuerza y requieran desescalada para todas las agencias federales. La EO ordena a todas las LEA federales que adopten políticas de uso de la fuerza con requisitos que cumplan o excedan los de la política actualizada de uso de la fuerza del Departamento de Justicia, que autoriza la fuerza solo cuando no parece existir una alternativa razonablemente efectiva, segura y factible; autoriza la fuerza letal solo cuando sea necesario; y enfatiza la desescalada.

La política también impone el deber de intervenir para detener la fuerza excesiva y el deber de brindar asistencia médica. Las LEA federales deben realizar una capacitación anual sobre esas políticas, implementar herramientas de gestión de riesgos para facilitar las intervenciones adecuadas antes de que el comportamiento problemático se intensifique y garantizar la responsabilidad por las violaciones de la política. La política está disponible públicamente en el sitio web del DOJ.

Restaura y amplía las restricciones de la Administración Obama-Biden sobre la transferencia de equipo militar. La EO impone restricciones sensibles a la transferencia o compra con fondos federales de equipo militar que pertenece a un campo de batalla, no a nuestras calles. La lista de equipos prohibidos es más amplia que bajo la Administración Obama-Biden, y el mandato de la EO es más amplio que la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd (GFJPA) en el sentido de que se refiere a todos los programas relevantes, no solo al programa 1033 del Departamento de Defensa. La EO continúa asegurando que las LEA estatales y locales puedan acceder y usar el equipo apropiado para emergencias relacionadas con desastres; escenarios de disparos activos; operaciones de toma de rehenes o de búsqueda y rescate; y los esfuerzos antiterroristas.

Apoya a las fuerzas del orden público

Requiere un enfoque actualizado para el reclutamiento, la contratación, la promoción y la retención de los agentes del orden. La EO requiere que las LEA federales desarrollen las mejores prácticas para atraer, apoyar y retener una fuerza laboral de aplicación de la ley inclusiva, diversa, experta y responsable, incluso mediante la implementación de herramientas de detección para garantizar que las agencias no contraten, retengan o se asocien con grupos de trabajo. , personas que promueven la violencia ilegal, la supremacía blanca u otros prejuicios sobre la base de características protegidas. El grupo de trabajo también identificará formas de expandir las oportunidades de tutoría y liderazgo, y garantizará que las evaluaciones de desempeño y las promociones estén vinculadas a la adherencia de un oficial a estas políticas.

Reimagina la respuesta a las crisis. La EO ordena al Fiscal General y al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que emitan orientación e identifiquen recursos federales para modelos innovadores para responder a personas en crisis, incluidos modelos de co-respuesta y respuesta alternativa, centros de crisis basados en la comunidad y atención post-crisis. También ordena orientación sobre el uso de agentes farmacológicos como la ketamina fuera del ámbito hospitalario.

Prioriza el bienestar de los oficiales. La EO ordena al DOJ y al HHS que publiquen las mejores prácticas y estándares para promover el bienestar de los oficiales e identificar recursos para apoyar los programas de bienestar, y requiere que cada LEA federal evalúe y mejore su propio programa de Bienestar de los oficiales.

El Fiscal General también debe recomendar medidas al Presidente para ayudar a prevenir el suicidio de los oficiales, después de consultar con el HHS y las partes interesadas.

Requiere nuevos estándares para la acreditación y para los organismos de acreditación. La EO requiere que el Fiscal General, luego de consultar con las partes interesadas, formule estándares para los organismos que acreditan a las agencias de aplicación de la ley. Esos estándares deben incluir que el organismo de acreditación requiere políticas consistentes con las de la EO, y que el organismo de acreditación realiza evaluaciones independientes del cumplimiento de la agencia.

En lugar de depender de la autocertificación de la agencia. El Fiscal General también debe incentivar y apoyar a las agencias en la búsqueda y obtención de la acreditación, incluso mediante la concesión de subvenciones.

Nuevas tecnologías

Implementa un nuevo requisito de capacitación anual antisesgo basado en evidencia. La EO requiere el desarrollo de un módulo de capacitación basado en evidencia para la aplicación de la ley sobre el sesgo implícito y evitar la elaboración de perfiles inadecuados basados en la raza, el origen étnico, el origen nacional, el dominio limitado del inglés, la religión, el sexo (incluida la orientación sexual y la identidad de género) reales o percibidos. o invalidez de las personas.

Las LEA federales deben realizar esa capacitación anualmente, implementar procedimientos para responder de manera significativa a las quejas de parcialidad y reevaluar una guía de 2014 sobre el uso de ciertas características protegidas por parte de la policía.

Mejora la transparencia de los datos y la supervisión de las nuevas tecnologías.

Realiza un seguimiento de los datos sobre incidentes de uso de la fuerza. Dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la EO, todas las LEA federales deben recopilar y enviar mensualmente todos los datos sobre incidentes que involucren el uso de la fuerza letal recopilados por la Recopilación de datos sobre el uso de la fuerza del FBI. El abogado

El general también debe facilitar la contribución de estos datos, así como los datos sobre oficiales asesinados o agredidos, por STLT LEA, e informar al presidente su plan para implementar completamente la Ley de informes de muerte bajo custodia.

Estudia el impacto de los incidentes de uso de la fuerza en las comunidades. La EO ordena al HHS que publique una revisión a nivel nacional de los efectos físicos, mentales y de salud pública de los incidentes de uso de la fuerza en las comunidades, incluidos los impactos dispares, y describa los recursos disponibles para apoyar la salud mental y los servicios de apoyo. También encarga al Fiscal General que emita las mejores prácticas para llevar a cabo diálogos entre las fuerzas del orden público y la comunidad, y para garantizar la notificación oportuna y adecuada de las muertes bajo custodia.

Salvaguarda el uso de tecnología de reconocimiento facial y otras herramientas algorítmicas sofisticadas. La EO ordena a la Academia Nacional de Ciencias que realice y publique un estudio de la tecnología de reconocimiento facial, otras tecnologías biométricas y algoritmos predictivos que evalúe cualquier preocupación sobre privacidad, derechos civiles, libertades civiles, precisión o impacto dispar con su uso. Este estudio se utilizará luego para realizar los cambios necesarios en las prácticas de aplicación de la ley federal.

Mejora la recopilación de datos y la transparencia de los datos. Un grupo de trabajo redactará un informe para el presidente sobre cómo recopilar y publicar datos sobre prácticas policiales (incluidas llamadas de servicio, registros, detenciones, cacheos, incautaciones, arrestos, quejas, datos demográficos policiales y decomiso de bienes civiles) y sobre las prácticas y políticas que rigen la adquisición y el uso de tecnologías forenses y de vigilancia avanzadas.

Reforma nuestro sistema de justicia penal más amplio

Dirige un plan estratégico de todo el gobierno para proponer intervenciones para reformar nuestro sistema de justicia penal. Un nuevo comité con representantes de agencias de todo el gobierno federal producirá un plan estratégico que promueve el desvío inicial, las alternativas al encarcelamiento, la rehabilitación y el reingreso. El Procurador General también publicará un informe anual sobre los recursos disponibles para apoyar las necesidades de las personas en libertad condicional o en libertad supervisada.

Mejora las condiciones de confinamiento. El Fiscal General, en consulta con el Secretario de Salud y Servicios Humanos, actualizará los procedimientos según sea necesario para aumentar la mitigación de Covid-19 en las instalaciones correccionales; ampliar la publicación y el intercambio de datos sobre vacunas, pruebas, infecciones y muertes desglosados por raza, etnia, edad, sexo, discapacidad e instalación; e identificar alternativas a los cierres de todas las instalaciones y viviendas restrictivas para reducir el riesgo de transmisión. El Fiscal General también informará al Presidente sobre los pasos para limitar el uso de viviendas restrictivas y mejorar las condiciones de confinamiento, incluso con respecto al encarcelamiento de mujeres, menores y personas en recuperación.

Requiere la implementación total de la Ley PRIMER PASO. El Fiscal General actualizará la política del DOJ según sea necesario para implementar completamente la Ley FIRST STEP y para informar anualmente sobre las métricas de implementación, incluida una evaluación de cualquier impacto dispar de la herramienta de evaluación de riesgos PATTERN y los pasos para corregir dichas disparidades.

Fuente: Prensa de la Casa Blanca