Amnistía Internacional pide a España suspender “de forma inmediata” la venta de armas a Perú

La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, pidió al Gobierno de España que suspenda “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío a Perú de material antidisturbios, armas pequeñas y ligeras y munición, ya que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la policía peruana podrían usarlas para cometer graves violaciones de los derechos humanos.

En un comunicado explicó que desde que iniciaron las protestas el 7 de diciembre, Amnistía Internacional (AI) ha documentado “operaciones muy preocupantes” con el objetivo de reprimir a quienes se manifiestan en localidades de todo el país.

“Desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal”, alertó el director de la entidad en España, Esteban Beltrán.

#España es uno de los principales vendedores de armas a #Perú. @amnistiaespana ha pedido al Gobierno de España que suspenda “con carácter inmediato” la venta de armas, por el riesgo de que las fuerzas de seguridad cometan violaciones de #DDHH con éstas.https://t.co/VfshhRt6fT

— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) January 20, 2023

La entidad cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022 -últimos datos oficiales disponibles-, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios.

En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.

La sección española de AI ha pedido por carta la suspensión de estas exportaciones a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, también presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas, cuyas decisiones son secretas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

La carta solicita además que, de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, se revoquen las autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas, y se mantenga esta medida hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

Además, Amnistía Internacional plantea que mientras no se adopten estas propuestas, “como mínimo, se apliquen medidas reforzadas de mitigación del riesgo” que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el Gobierno español.

Cifras impactantes

Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones del país el 7 de diciembre del pasado año, han muerto más de 50 personas, entre ellas menores de edad, y decenas, entre civiles y policías, han resultado heridas, muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones. A comienzos de enero, en la localidad de Juliaca, solo en 24 horas murieron 11 personas, incluyendo un policía.

La declaratoria del estado de emergencia, el 15 de diciembre, no ha demostrado ser una respuesta adecuada a la crisis política y social que enfrenta el país. Por el contrario, Amnistía Internacional, así como otras organizaciones de la sociedad civil, registran que las violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran la privación de la vida por uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, se han incrementado.

Amnistía Internacional recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional, las fuerzas militares que son destinadas a desarrollar actividades de mantenimiento del orden público y aplicación de la ley se encuentran obligadas por los mismos estándares que las fuerzas policiales. Esto incluye respetar las normas y regulaciones sobre uso de la fuerza.

Fuente: Amnistía Internacional