Aborto: una polémica que se calienta

Estados Unidos está enfrascado en una batalla que gira en torno al aborto, uno de los tópicos más polémicos en el país.

Al día de hoy, una mayoría conservadora en la Corte Suprema parece dispuesta a anular una histórica decisión de 1973, conocida como Roe contra Wade, que dictaminó que la Constitución de EE.UU. protege la libertad de las mujeres embarazadas para decidir si quieren abortar sin excesivas restricciones gubernamentales. El razonamiento jurídico es que están amparadas bajo la 14ta enmienda.

Quienes critican esta situación, alegan las repercusiones de esta posible decisión en mujeres de color, grupo demográfico que comprende a latinas, afroamericanas y nativas. La decisión afectaría específicamente a las de bajos ingresos. Ellas serán la mayoría de las mujeres de EE.UU. en 2060.

El efecto de este cambio sería rápido, con más de la mitad de los estados dispuestos a restringir el derecho al aborto de manera inmediata. Incluso se reactivarían prohibiciones estadales que estaban vigentes antes de 1973 y que se encuentran engavetadas.

Esto sucede en una nación donde, según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada el año pasado, el 61% de los encuestados cree que el aborto debe ser legal y seguro en casi todas o en todas las circunstancias durante el primer trimestre del embarazo.

Hay que aclarar que, si la decisión Roe contra Wade es anulada, no necesariamente significa que abortar será ilegal en todos los estados, ya que dependerá de cada legislatura regional decidir si le restringe o da el acceso a esta opción.

El escenario actual

Tras el fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg, la correlación de la Corte Suprema de Justicia cambió notablemente, con el ingreso de la juez Amy Coney Barrett.

Barrett, junto a otros dos nominados por el presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, conforman un trío opuesto al aborto. También hay otros jueces conservadores, como Samuel Alito, Clarence Thomas y John Roberts.

Lisa Matsubara, consejera general de Planned Parenthood Affiliates of California, teme que lo que pasaría en caso de que la decisión mencionada se anule, es que más de la mitad de los estados no darían acceso a servicios de aborto. Serían 26 estados en total.

La vocera cita un estudio de Planned Parenthood, el cual concluyó que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos perderían el acceso a esta opción que se había ganado hace ya casi 50 años.

Al panorama ya descrito, Matsubara agrega que, en los 4 años del gobierno de Trump, el Senado, dirigido por Mitch McConnell, colocó a 231 jueces federales, cuyo perfil es básicamente de hombres blancos conservadores.

La vocera considera que ellos tienen puntos de vista hostiles hacia lo que denominan “el acceso a la salud reproductiva”. Advierte que la oposición de ellos al aborto fue decisiva para su nominación. “También son jóvenes y con nombramientos de por vida, potencialmente estarán en la Corte durante décadas”, advierte.

Matsubara no se refiere a un futuro, sino al presente. Ejemplifica con Texas, donde entró en vigencia hace ya casi 200 días la Heartbeat Act o SB8, que prohíbe la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas. “Casi el 85% de los abortos suceden después de las 6 semanas”, asegura.

Previene que las mujeres afectadas tendrán que viajar a otros estados si toman esa decisión. El destino más probable sería California, a donde podrían llegar alrededor de un millón de mujeres para practicarse el procedimiento. Esto supondría un aumento de 3 mil por ciento respecto a las cifras actuales.

En este estado, Planned Parenthood ya atendió a unos 7 mil pacientes procedentes de otros estados en 2020. California es uno de los 16 estados que contemplan ayuda económica para abortar.  Sus habitantes están asistidas por MediCal para esta alternativa.

La vocera estima que los estados y ciudades vecinas sentirán el impacto. “Por ejemplo en Oklahoma City, los tiempos de espera han pasado de 3 días a casi 3 semanas”, revela.

Florida, Arkansas, Ohio, Arizona, Missouri y Alabama son las entidades que podrían seguir en lo inmediato el ejemplo de Texas. Según el seguimiento de Planned Parenthood, ya se han aprobado más de 106 restricciones, y se han introducido más de 180 proyectos de ley para restringir el aborto.

Consecuencias sociales de la decisión

Jessica Pinckney, directora ejecutiva de Access Reproductive Justice, subraya que, desde que la pandemia comenzó, han aumentado las llamadas en busca de acceso al aborto en California. Adicionalmente, a raíz de la aprobación de la ley restrictiva de 6 semanas en Texas, más pacientes van al estado por esta razón.

Access Reproductive Justice define su misión como “eliminar las barreras a la atención sanitaria sexual y reproductiva”, además de aumentar el poder de los californianos para exigir justicia sanitaria y dignidad.

Confirmó que la mayoría de las damas que les llaman a sus líneas de ayuda, “están en sus 20 años, son de bajos ingresos, se identifican a sí mismas como indígenas, afroamericanas o de color”.

Según un estudio de la Universidad de California en San Francisco, negarle a una mujer un aborto le crea inseguridad económica por años, la mantiene amarrada una pareja violenta y las obliga a criar solas a sus hijos. La afirmación pertenece a Jodi Hicks, directora general y presidenta de Planned Parenthood Affiliates of California.

No solamente reciben visitantes de Texas sino de todo el país, porque en algunos estados donde es legal el aborto, no hay suficientes proveedores.

Ella agrega que, en su estado, “cerca del 60% de las mujeres que los visitan son de las minorías y casi el 70% son menores de 30 años”.

De acuerdo a sus cifras, la decisión de la Corte Suprema en contra de permitir abortar afectaría a más de 5 millones de mujeres afroamericanas, 5,7 millones latinas, 1,1 millones de asiáticas y casi 340 mil nativas.