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Lo que está en juego en la elección de Colombia

La contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella reabre debates sobre paz, desplazamiento, participación ciudadana y protección de comunidades vulnerables

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La segunda vuelta presidencial que celebrará Colombia el próximo 21 de junio podría definir no solo el rumbo político del país sudamericano, sino también el futuro de la democracia, los acuerdos de paz y la protección de los derechos humanos en la región, advirtieron especialistas consultados durante un análisis sobre el panorama electoral colombiano.

La contienda enfrenta al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y al abogado Abelardo de la Espriella, de Salvación Nacional, en una elección que diversos observadores consideran una de las más trascendentales de los últimos años.

Más allá de la división entre izquierda y derecha

La politóloga **Beatriz Magaloni**, profesora de Stanford University y especialista en democracia y violencia política, sostuvo que interpretar la elección únicamente como una confrontación ideológica es un error.

“La polarización sugiere que los ciudadanos discrepan sobre ideología o políticas públicas, pero eso no es realmente lo que estamos observando”, afirmó. Según la académica, el voto refleja experiencias distintas de millones de colombianos frente a la inseguridad, la violencia y la percepción de abandono estatal.

Magaloni explicó que, mientras sectores urbanos reclaman respuestas inmediatas frente al crimen y la extorsión, muchas comunidades rurales enfrentan amenazas diferentes, relacionadas con el control territorial ejercido por grupos armados y organizaciones criminales.

“Estoy hablando de dos experiencias muy distintas del Estado y de su fracaso”, señaló.

La investigadora advirtió que esta desconexión ha alimentado el respaldo a propuestas de mano dura en varios países latinoamericanos y recordó que el 67 % de los ciudadanos consultados en estudios regionales identifican la inseguridad como su principal preocupación.

La disputa por la tierra sigue marcando a Colombia

El periodista e investigador Manuel Ortiz Escámez, cofundador de Peninsula 360 Press, presentó testimonios recogidos recientemente en distintas regiones colombianas donde persisten conflictos por la propiedad de la tierra y el desplazamiento forzado.

Ortiz relató el caso de enfrentamientos ocurridos en el departamento del Cauca entre comunidades indígenas Nasa y Misak, que dejaron decenas de heridos y varias víctimas mortales.

“Lo que realmente está ocurriendo va mucho más allá de una confrontación entre comunidades indígenas”, afirmó. “Existe un problema profundo relacionado con el despojo territorial y la violencia histórica en Colombia”.

Durante su intervención, explicó que muchas de estas disputas tienen origen en desplazamientos ocurridos durante décadas de conflicto armado, cuando numerosas familias abandonaron sus tierras y posteriormente encontraron dificultades para recuperarlas.

El investigador también mencionó situaciones similares en Montes de María, donde comunidades afrocolombianas continúan reclamando terrenos que consideran suyos y que actualmente permanecen bajo control privado.

Temor por un retroceso en derechos y participación

Por su parte, el antropólogo Alex Sierra, director de proyectos del Centro de Estudios Socio jurídicos Latinoamericanos (CESJUL), advirtió que sectores sociales afectados por la violencia policial y el conflicto armado observan con preocupación el resultado de la segunda vuelta.

Sierra señaló que organizaciones de jóvenes víctimas de abusos policiales temen un regreso a políticas de seguridad más agresivas y aseguró que en Colombia operan actualmente más de 50 grupos armados ilegales con capacidad para generar desplazamientos y nuevas dinámicas de violencia.

Asimismo, sostuvo que el país enfrenta desafíos complejos relacionados con el narcotráfico, el control territorial y la influencia de actores económicos interesados en los recursos naturales de distintas regiones.

La expansión de grupos armados preocupa a especialistas

Al cierre del análisis, Magaloni presentó datos que muestran una expansión de organizaciones criminales en varias zonas del país tras la firma de los acuerdos de paz.

La académica explicó que antiguos grupos paramilitares, disidencias de las FARC y otras estructuras armadas han ampliado su presencia en numerosos municipios, disputándose corredores estratégicos vinculados al narcotráfico, la minería y otros recursos.

“Lo que está en juego es qué derechos serán protegidos bajo el próximo gobierno”, afirmó. “Eso debería preocupar a cualquiera que valore los derechos humanos”.

Una elección con impacto regional

Los especialistas coincidieron en que el resultado de la segunda vuelta será observado más allá de las fronteras colombianas debido a sus posibles repercusiones sobre la migración, la estabilidad democrática y la seguridad regional.

Para millones de colombianos, concluyeron, la decisión no se limita a escoger entre dos candidatos, sino a definir cómo enfrentar problemas históricos como la violencia, el desplazamiento, la desigualdad territorial y la consolidación de la paz.

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