Encarcelan a dos hermanos por su participación en el tráfico de migrantes en Laredo, Texas

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) informó que dos personas fueron sentenciadas por su participación en una conspiración de tráfico de personas en Laredo, luego de una investigación realizada por este brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con el Departamento de Policía de Laredo y la Patrulla Fronteriza de los EEUU.

En un comunicado precisó que Carlos Alberto González, de 23 años y oriundo de Laredo, y su hermana Erika Yazbett Mendoza-González, de 36 años y ciudadana mexicana que reside ilegalmente en Laredo, fueron sentenciados el 6 de noviembre por la jueza federal de distrito Marina García Marmolejo.

La jueza Marmolejo condenó a González a 46 meses de prisión, mientras que Mendoza-González recibió 57 meses.

Delito tras delito

Ambos también deben cumplir tres años de libertad supervisada después de su sentencia, aunque se espera que Mendoza-González, que no es ciudadana estadounidense, enfrente un proceso de deportación después de su encarcelamiento.

En la audiencia, el tribunal también señaló que González había sido sentenciado anteriormente por tráfico de personas y todavía estaba cumpliendo su condena de libertad supervisada cuando cometió este delito.

El tribunal también ordenó a González que cumpliera 10 meses consecutivos por esta violación. Al dictar las sentencias de prisión, la jueza García Marmolejo comentó que González no aprendió nada de su último delito y que Mendoza-González estaba muy involucrado en la organización de contrabando.

El tribunal también consideró las condiciones dentro de la casa de escondite, señalando que los hermanos consideraban a las personas que albergaban como “mercancías” y declararon: «Simplemente, no tratamos a los seres humanos de esta manera». Ambos se declararon culpables el 8 de julio.

Beneficio personal

“Este caso ilustra claramente las acciones imprudentes y peligrosas que estos dos hermanos llevaron a cabo como contrabandistas de personas, impulsados únicamente por el beneficio personal”, dijo el agente especial a cargo de HSI San Antonio, Craig Larrabee.

“Su total desprecio por la vida y la seguridad humanas es un recordatorio inquietante de hasta dónde pueden llegar estas organizaciones criminales. HSI se mantiene firme en su compromiso de llevar ante la justicia a quienes explotan y ponen en peligro a personas vulnerables. Continuaremos colaborando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para desmantelar estas redes y garantizar el bienestar de las personas afectadas por sus actividades ilícitas”.

“No hay electricidad, ni agua corriente, ni baños. A los traficantes de personas no les importa”, afirmó Hamdani.

“Ninguna persona debería ser sometida a condiciones tan inhumanas. Este caso subraya nuestro compromiso de desmantelar las redes de tráfico de personas que explotan a personas vulnerables, incluidos los niños”.

Lo que hallaron las autoridades

Según documentos judiciales, el 7 de marzo, la policía observó a Mendoza-González recoger a tres personas sospechosas de ser indocumentadas cerca de la intersección de Kearney Street y McDonnell Avenue en Laredo.

González conducía otro vehículo que parecía viajar junto con Mendoza-González. La policía siguió ambos vehículos hasta una casa en la cuadra 2300 de San Leonardo Avenue, donde Mendoza-González dejó a las personas antes de irse con otras dos.

Varias horas después, observaron a un grupo grande de personas que salían del patio trasero de esta dirección y corrían hacia un arroyo cercano. Comenzó una persecución a pie y la policía detuvo a 20 personas, todas ellas inmigrantes indocumentados de otros países. Dos eran menores no acompañados, de 13 y 15 años.

Al ingresar a la residencia de San Leonardo, las autoridades descubrieron condiciones de vida deplorables.

La casa no tenía electricidad ni agua corriente y había grandes cantidades de basura acumulada por toda la casa.

Sin servicios públicos

También observaron grandes tinas de agua en la casa donde los migrantes se bañaban y hacían sus necesidades. No hay servicios públicos en la residencia desde 2022. González era el operador de la casa de seguridad, mientras que Mendoza-González era transportista y entregaba alimentos a quienes se encontraban dentro de la casa.

El 23 de abril, las autoridades realizaron una parada de tránsito en el vehículo que conducía Mendoza González y encontraron a una pasajera en el asiento trasero cubierta de barro, con un fuerte olor corporal, pantalones rotos y marcas de rasguños en todos sus brazos. Era una ciudadana mexicana sin estatus legal en los Estados Unidos.

Cincuenta dólares por migrante

Mendoza-González admitió su participación con la organización de tráfico de personas y declaró que esperaba recibir $50 por cada migrante que transportara.

Las comunicaciones telefónicas entre Mendoza-González y sus co-conspiradores revelaron que durante un período de sólo siete semanas, ella también estuvo involucrada en la coordinación del transporte y/o alojamiento de al menos 55 personas adicionales.

Mendoza-González y González permanecen bajo custodia a la espera de su traslado a una instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos que se determinará en un futuro próximo.

Esta sentencia también es resultado de los esfuerzos coordinados de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA).

La fiscal federal adjunta y agente del JTFA del Distrito Sur de Texas, Jennifer Day, procesó este caso.

Fuente: HSI