Empresa de Florida y exempleado se declaran culpables por contrabando de migrantes

En un caso investigado por las autoridades federales, Martinez Builders Supply, LLC, que opera bajo el nombre de East Coast Truss, una compañía con sede en Florida, fue hallada culpable de participar en una conspiración para emplear a migrantes que se encontraban en el país de manera irregular.

Esta acción, realizada de manera deliberada, buscaba evadir las leyes migratorias de Estados Unidos.

El caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami y la oficina de campo de Miami de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).

A través de un comunicado se precisó que el 29 de agosto, Kelly Yanira Del Valle, ex empleada de East Coast Truss, también se declaró culpable de conspirar para albergar a migrantes mediante el empleo, así como de presentar declaraciones de impuestos falsas y ayudar a la presentación de declaraciones de impuestos falsas.

Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, East Coast Truss aceptó una sentencia de decomiso por un monto de $450,000. Del Valle aceptó una sentencia de decomiso por un monto de $100,000 y pagar una restitución al IRS por un monto de $100,146.

El agente especial a cargo de HSI Miami, Anthony Salisbury, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, y el agente especial a cargo Matthew D. Line, de la oficina de campo de IRS-CI Miami, hicieron el anuncio.

HSI Fort Pierce y la oficina local del IRS-CI en Miami investigaron el caso. El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Michael D. Porter. La fiscal federal adjunta Sara Klco se encarga de la confiscación de activos.

Como parte de los documentos de declaración de culpabilidad presentados ante el tribunal, East Coast Truss y Del Valle admitieron que varios funcionarios y empleados de East Coast Truss, incluido Del Valle, conspiraron para albergar a no ciudadanos mediante empleos desde el 1 de junio de 2018 hasta el 6 de agosto de 2021.

Específicamente, en junio de 2018, Del Valle, que era empleado de East Coast Truss en ese momento, el presidente y miembro gerente de East Coast Truss, y un gerente de East Coast Truss se reunieron en la empresa y acordaron “transferir” a ciertos no ciudadanos que no estaban autorizados a trabajar en los Estados Unidos, pero que estaban empleados por la empresa a Hollys Services, una empresa creada por Del Valle, para que ya no aparecieran en la nómina de East Coast Truss.

East Coast Truss acordó pagarle a Del Valle una tarifa por cada no ciudadano en la nómina de Hollys Services que trabajara en East Coast Truss. Del Valle acordó reclutar y contratar a más extranjeros que no estaban autorizados a trabajar en los Estados Unidos para trabajar para East Coast Truss bajo la apariencia de Hollys Services y más tarde de Control de Calidad.

Hollys Services and Quality Control fue creada por Del Valle con el propósito expreso de ocultar, albergar y proteger a los no ciudadanos que trabajaban en East Coast Truss de la detección por parte de las fuerzas del orden.

Estas acciones se realizaron en respuesta a una auditoría del Formulario I-9 de verificación de elegibilidad de empleo, un mecanismo utilizado para verificar la identidad y la autorización legal para trabajar de todos los empleados remunerados en los Estados Unidos, realizada por HSI en mayo de 2018, que identificó a docenas de empleados de East Coast Truss que no eran ciudadanos y no estaban autorizados para trabajar en los Estados Unidos.

Específicamente, alrededor del 18 de junio de 2018, varios de los empleados que HSI identificó durante su auditoría del Formulario I-9 fueron transferidos de la nómina de East Coast Truss pero continuaron trabajando para la empresa mientras supuestamente eran empleados y pagados por Hollys Services y luego por Quality Control.

Durante la conspiración, East Coast Truss, a través de sus agentes que actuaban en el marco de sus funciones, transfirió más de 1,15 millones de dólares a una cuenta bancaria abierta por Del Valle a nombre de Hollys Services, y 2,2 millones de dólares a una cuenta bancaria que Del Valle abrió a nombre de Quality Control. Algunos de los fondos transferidos se destinaron expresamente al propósito de pagar a los no ciudadanos que trabajaban en East Coast Truss.

Las fuerzas del orden ejecutaron una orden de allanamiento en la sede de East Coast Truss en el condado de Saint Lucie, Florida, y descubrieron que 28 de los 58 empleados presentes eran no ciudadanos que no estaban autorizados a trabajar en los Estados Unidos.

La jueza de distrito de EE. UU. Aileen M. Cannon sentenciará a East Coast Truss y Del Valle en Fort Pierce en una fecha que se determinará. Del Valle enfrenta una posible sentencia máxima de 16 años en prisión federal. East Coast Truss enfrenta hasta cinco años de libertad condicional y una multa máxima de $500,000 o el doble de la pérdida bruta o el doble de la ganancia bruta causada por el delito, lo que sea mayor.

Fuente: DHS