La ONU señala que hay una represión sin precedentes en Venezuela, lo quesumerge al país en una grave crisis de DDHH. El Gobierno de Venezuela ha intensificado drásticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su gobierno, hundiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente, advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su último informe.

Mediante un comunicado resaltó que “las violaciones y los crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desalentar y aplastar la oposición al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro”, señala el informe.

Represión sin precedentes

“Estamos asistiendo a una intensificación de la maquinaria represiva del Estado en respuesta a lo que percibe como opiniones críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“Si bien se trata de una continuación de patrones anteriores, que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la reciente represión, por su intensidad y sistematicidad, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de varios llamados tanto dentro como fuera del país a respetar los derechos humanos”.

El informe de la Misión de Investigación, que analiza la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, señala que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Los poderes públicos han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su eficacia, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.

En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, detuvieron a al menos 48, por lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto contra otras. Entre esas personas se encuentran militares, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Un centenar de niños

Solo en julio, la misión documentó la detención de más de 120 personas en el contexto de actos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas tras las elecciones, según cifras de las propias autoridades, detuvieron a más de 2.000 personas, entre ellas más de un centenar de niños, algunos de ellos con discapacidad, acusados de terrorismo e incitación al odio.

Estas detenciones implicaron y estuvieron seguidas de graves violaciones al debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procesos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías fundamentales del debido proceso.

La Misión de Investigación reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, encabezado por la Corte Suprema, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como instrumento clave en su plan de reprimir toda forma de oposición política y social.

Ejercicio arbitrario del poder

“Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde se recurre sistemáticamente a la detención arbitraria, con graves violaciones al debido proceso”, afirmó Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión había advertido previamente que el Gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.

Como precursor de la ola de represión antes de las elecciones, Maduro y otros funcionarios de alto rango habían advertido de la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria.

“El plan y la política represiva del gobierno apuntaron a las personas que se atrevieron a criticar al Presidente Maduro, cuestionar las políticas del gobierno o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en los miembros de la oposición política o aquellos percibidos como opositores por el gobierno, aunque cualquiera puede ser víctima”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados mediante el encarcelamiento y el uso de malos tratos y torturas han infundido un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico en Venezuela”.

Intensificación del acoso

El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones a la labor de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.

“Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción como la política de Estado delineado en informes anteriores, así como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes del Estado, la misión tiene motivos razonables para creer que el delito de persecución por motivos políticos se ha cometido durante el período abarcado por su mandato”, señala el informe.

Fuente: Consejo de Derechos Humanos de la ONU

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