La demanda señala que las 17 empresas de autobuses «implementaron a sabiendas» el plan de transporte del gobernador, infringiendo una ley neoyorquina que establece límites para el traslado de «personas necesitadas» a través de las fronteras estatales.

La demanda exige un pago de 708 millones de dólares como indemnización por el costo de atender a los 33.000 migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York a bordo de dichos autobuses chárter desde abril del año 2022.