Canjes de presos, negociaciones, compromisos y tensiones: relaciones EEUU-Venezuela en 2023

Las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela avanzaron este año entre momentos de canjes de detenidos, tensiones, la reanudación de negociaciones directas, reuniones confidenciales y compromisos cuyos alcances se van revelando con el paso del tiempo, de acuerdo con analistas consultados.

Los gobiernos de ambas naciones, cuyas relaciones diplomáticas están interrumpidas desde hace 4 años, alcanzaron un punto cumbre en sus acuerdos el pasado miércoles 20 de diciembre, cuando Washington liberó al empresario colombiano Alex Saab, defendido por Caracas como su enviado diplomático, y el chavismo excarceló a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y a al menos 21 opositores en ese país.

El presidente Joe Biden afirmó que estaba “asegurando” que el gobierno venezolano cumpla con sus compromisos sobre la hoja de ruta electoral acordada con la oposición para tener elecciones presidenciales “competitivas» en 2024. En Caracas, mientras, celebraron aquel momento como una «victoria».

Antes de ese hecho, las posturas entre las administraciones de Nicolás Maduro y Joe Biden pasaron por la exigencia de la flexibilización de sanciones económicas y de respeto a la soberanía, desde Caracas, y, en Washington, por la demanda de garantías para elecciones libres, celo por los derechos humanos y la liberación de ciudadanos venezolanos y norteamericanos detenidos “injustamente”.

«[Hubo entre ambos gobiernos en 2023] intervalos de tensión y negociación”, evalúa Carolina Jiménez, analista de asuntos regionales y presidenta del centro de pensamiento Washington Office for Latin America (WOLA).

Las negociaciones también habían alcanzado un punto alto en octubre, antes de la primaria presidencial opositora, cuando el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria del antichavismo firmaron en Barbados acuerdos políticos y electorales.

Estados Unidos flexibilizó entonces sus sanciones económicas contra el sector petrolero y gasífero de Venezuela durante 6 meses como incentivo de ese pacto, mientras sus voceros advertían de plazos para que Caracas cumpliera con su palabra en asuntos como la liberación de presos políticos y la rehabilitación electoral de candidatos de la oposición.

La administración Biden demandó al poder político venezolano que notificara antes del 30 de noviembre un cronograma de ejecución de ambos compromisos.

El chavismo reveló a finales del mes pasado que las inhabilitaciones de dirigentes opositores, que les impiden ser candidatos ni ejercer cargos públicos, serían revisadas a través de un proceso en el Tribunal Supremo de Justicia.

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