Presupuesto de Pensilvania en cuenta regresiva

HARRISBURG, Pa. — Con solo días restantes para la fecha límite del 30 de junio, Poder Legislativo de Pensilvania entra en la recta final de un proceso presupuestario cargado de tensiones, prioridades en disputa y creciente incertidumbre fiscal.

El gobernador Josh Shapiro, quien presentó en febrero su propuesta de gasto de $51.5 mil millones para el año fiscal 2025-26, ha pedido a los legisladores que “cedan un poco” para alcanzar un acuerdo. Pero los obstáculos políticos y financieros se acumulan, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Joe Pittman, ya anticipó que es casi seguro que no habrá un presupuesto aprobado para la fecha límite constitucional.

Un proceso complejo y altamente politizado

Tras el discurso presupuestario del gobernador en febrero —que marca el inicio oficial de la temporada presupuestaria en Harrisburg— los comités de Apropiaciones de la Cámara y el Senado comenzaron las audiencias para analizar en detalle la propuesta ejecutiva. Sin embargo, las negociaciones reales han ocurrido, como es costumbre, a puerta cerrada, y hasta ahora no se ha alcanzado un marco de entendimiento.

El presupuesto estatal se compone de dos elementos clave: la ley general de apropiaciones, que establece montos específicos de gasto, y las “leyes código”, que detallan cómo se deben gastar esos fondos e incluyen disposiciones de política pública.

Servicios en riesgo y fondos federales inciertos

Dos de los temas más urgentes relacionados con el presupuesto son la financiación del transporte público y la incertidumbre sobre los fondos federales. Las agencias más grandes del estado —SEPTA en Filadelfia y Pittsburgh Regional Transit— enfrentan recortes severos si no se asignan fondos adicionales. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara propone $293 millones adicionales para el transporte público, además de $500 millones para carreteras y puentes, lo que podría facilitar su aprobación en el Senado controlado por republicanos.

Al mismo tiempo, el panorama nacional complica las cosas: una lucha interna en el Congreso federal podría reducir drásticamente la ayuda financiera a los estados. En particular, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania —el mayor receptor de fondos en la propuesta de Shapiro, con $21.2 mil millones— depende fuertemente del financiamiento federal, gran parte del cual está en juego.

Educación, marihuana y máquinas tragamonedas: puntos de fricción

El segundo gasto más importante del estado, la educación pública, también está en debate. Tras una sentencia judicial que declaró inconstitucional el sistema actual de financiación escolar, el año pasado se logró un acuerdo para reforzar las escuelas más necesitadas. Pero la confianza se vio afectada cuando Shapiro vetó un programa de becas tipo voucher apoyado por los republicanos, lo que reabrió viejas heridas.

Además, la propuesta del gobernador incluye legalizar la marihuana recreativa, estimando ingresos de más de $500 millones, pero aunque la Cámara aprobó un proyecto en ese sentido, el Senado lo bloqueó.

Otro tema controversial es la proliferación de las máquinas “skill games”, similares a tragamonedas, que están en tiendas y bares por todo el estado. Los legisladores aún no se ponen de acuerdo sobre cómo regularlas o gravarlas.

¿Crisis presupuestaria o déjà vu?

A pesar de la creciente presión, tanto Pittman como la presidenta del Senado, Kim Ward, han calificado el desafío fiscal como una “crisis”, dado que el gasto anual del estado supera los ingresos por $3 mil millones. Ward incluso ha planteado la posibilidad de aprobar un presupuesto temporal de seis meses, propuesta que Shapiro y el líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Matt Bradford, han rechazado.

En Washington, las divisiones republicanas sobre Medicaid y otras partidas federales aumentan la incertidumbre. La propuesta de la Cámara de Representantes podría dejar sin cobertura a 8 millones de personas, lo que afectaría a más de 3 millones de residentes de Pensilvania que dependen de este programa, incluyendo el 40% de los niños del estado.

¿Qué pasa si no hay presupuesto a tiempo?

Aunque la constitución estatal fija el 30 de junio como fecha límite para aprobar el presupuesto, la falta de un acuerdo no significa un cierre inmediato del gobierno. En 2023, por ejemplo, el presupuesto fue firmado el 3 de agosto, y algunos fondos no se liberaron hasta diciembre.

Beth Rementer, portavoz de los demócratas en la Cámara, dijo que el bloque mayoritario (con una ventaja de 102-101) ya ha aprobado proyectos sobre temas presupuestarios como el transporte y la marihuana, y que ahora esperan al Senado.

Por ahora, todo indica que el verano traerá largas noches de negociación en Harrisburg. Como dijo el propio Pittman esta semana:

“No es la primera vez que no llegamos al 30 de junio. Ya hemos visto esta película antes.”

La gran pregunta es si esta vez el final será feliz para los servicios públicos y las finanzas del estado.