A un mes del Mundial, México intensifica operativos contra migrantes, denuncian organizaciones

Jorge Hurtado.- Agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, han ejecutado desde el 1 de mayo operativos coordinados contra personas migrantes en al menos siete colonias del centro de la capital y en Ciudad Nezahualcóyotl, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. Las acciones —que el gobierno federal describe como tareas puntuales de prevención del delito— ocurren a un mes de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, del que la Ciudad de México será una de las sedes.

La Red Jesuita con Migrantes México calificó el dispositivo como un esquema de control migratorio «profundamente militarizado» y documentó detenciones arbitrarias, traslados forzados al sur del país, allanamientos en viviendas particulares e incomunicación de personas detenidas.

Videos difundidos en redes sociales muestran operativos conjuntos en hoteles, vecindades y edificios habitados por personas migrantes. En las imágenes aparecen agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con elementos de la Guardia Nacional, Marina, Ejército y policías capitalinos realizando inspecciones y detenciones.

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La Red Jesuita con Migrantes México acusó en un pronunciamiento fechado el 6 de mayo que los operativos forman parte de una política de “persecución y criminalización” contra personas migrantes y solicitantes de asilo. Según la organización, las acciones han derivado en detenciones arbitrarias, incomunicación de personas detenidas y traslados forzados hacia estaciones migratorias en el sur del país.

“Nos comienzan a avisar que había redadas masivas, porque no era solo en un sector. Estaban ocurriendo en diversos sectores de la ciudad”, relató Lizeth Guerrero, integrante de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos en México, durante una entrevista con Telecuento News. Según explicó, las detenciones se concentraron en personas que no podían demostrar en el momento su situación migratoria, incluso cuando muchas ya habían iniciado procesos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). “Simplemente eran montados en la unidad, llevados a Las Agujas y en un tiempo bastante corto enviados hacia Villahermosa o hacia Chiapas”, afirmó.

Las denuncias también apuntan a posibles violaciones al debido proceso. Guerrero sostiene que varias personas fueron incomunicadas y trasladadas sin permitirles defender su situación legal o contactar a familiares. En algunos casos, asegura, ni siquiera se respetó el hecho de que los detenidos estuvieran en trámites de regularización o solicitudes de asilo activas. “Las personas no tienen ni la posibilidad de defenderse”, afirmó.

El plazo, sostiene la defensora, no es un detalle administrativo. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia establece que las detenciones administrativas no pueden exceder de las treinta y seis horas. El traslado al sur del país, ejecutado dentro de ese margen, esquiva el escrutinio judicial. «Una de las cosas que están haciendo es sacar a las personas de la estación migratoria en un lapso mucho menor de las treinta y seis horas. Es cuando las llevan a Tapachula o a Villahermosa y las dejan botadas, porque la palabra es que las dejan botadas a la buena de Dios».

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La irregularidad no se limita a quienes carecen de documentos. En otro de los videos que circularon, un ciudadano mexicano discutía con agentes de migración sobre la detención de su esposa. Le mostraba el acta de matrimonio, intentaba comprobar que ella se encontraba en trámite de regularización, pedía ver el oficio que justificaba la intervención. La detención se ejecutó igual. «Es que están pasando sobre los derechos humanos», se escucha decir en el video.

Guerrero aclara que las estadísticas oficiales sobre detenciones migratorias llevan tiempo sin actualizarse, pese a que la ley establece la obligación de registro.

«Lamentablemente, hace mucho tiempo no hay estadísticas oficiales de cómo ha sido la movilidad. Incluso por ley hay una obligación de registro de las personas que son detenidas y eso no se está cumpliendo», comentó.

Sobre el porqué del momento, su lectura es directa. «Pareciera, y lo han dicho en algunas partes, que se quisiera hacer, y voy a ponerlo entre comillas, una limpieza de la ciudad ante un mundial”, aseguró.

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Por su parte, el INM niega que se trate de redadas, sostiene que sus acciones responden a un «oficio de colaboración» requerido por autoridades capitalinas y aduce fines de prevención del delito.

Mientras tanto, las organizaciones han comenzado a distribuir lo único que tienen a mano: recomendaciones de supervivencia. Cargar cualquier documento que acredite un trámite, incluso el folio digital que la COMAR envía tras el primer registro. Compartir el historial migratorio con familiares de confianza, en formato digital, para que una desaparición de dos horas active una alerta, así como conocer los derechos básicos.

«Cuando te detengan, poder decir: yo sé que no me puedes detener, yo sé que hay un principio de no devolución, yo sé que tengo derecho a una llamada», explica Guerrero. «Cuando las autoridades ven que conoces de lo que estás diciendo, se les pone un poquito más chiquito la posibilidad de detenerte», afirma, y recomienda tener siempre un número de teléfono a mano.

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Por su parte el gobierno mexicano ha elevado el tono frente a las redadas y detenciones migratorias ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos , ICE, combinando presión diplomática y acciones legales en territorio estadounidense.

El Gobierno mexicano ha exigido investigaciones por posibles abusos y un trato digno para sus connacionales, al tiempo que se ha sumado a litigios en cortes de EE.UU. relacionados con condiciones en centros de detención y presuntas violaciones a derechos humanos. La postura se ha endurecido conforme crecieron las denuncias por muertes de mexicanos bajo custodia migratoria.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, endureció públicamente el discurso al afirmar que muchos migrantes mexicanos tienen como “único delito” carecer de documentos migratorios. También instruyó a la red consular mexicana a realizar visitas diarias a centros de detención de ICE para monitorear las condiciones de las personas detenidas y brindar asistencia legal.