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Transparencia Internacional: Venezuela y Nicaragua se hallan entre los más corruptos de América

Para la ONG, Transparencia Internacional, ningún país registró mejoras significativas en su puntuación desde 2017

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El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 que dio a conocer Transparencia Internacional muestra que la corrupción sigue siendo un problema predominante en las Américas, con tasas que permanecen estancadas.

En un comunicado precisó que en las Américas, los líderes no han adoptado medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer a las instituciones públicas.

Esto ha favorecido que las redes criminales se consoliden y ejerzan un poder considerable sobre actores políticos en muchos países, lo cual agudiza la violencia en la región que presenta la mayor tasa de homicidios per cápita. Para responder la criminalidad y a la violencia generada por las pandillas, algunos gobiernos han tomado medidas que concentran el control en el Poder Ejecutivo.

Tal situación debilita la transparencia y la rendición de cuentas y amenaza los derechos humanos, al mismo tiempo que genera más oportunidades de corrupción y abuso.

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional, señaló al respecto:

“La omnipresencia de corrupción en las Américas alienta muchas otras de las crisis que atraviesa la región. Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad. El único camino viable es que los líderes prioricen a las medidas contra la corrupción con el fin de extirparla y permitir que los gobiernos cumplan su principal función, que es proteger a las personas.”

Datos claves

El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy baja corrupción.

El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.

Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69) se ubican a la cabeza de la región.
Nicaragua (19), Haití (17) y Venezuela (14) están en las posiciones más bajas y sus instituciones públicas han sido infiltradas por redes criminales
Este año, Cuba (45), Guatemala (24) y Nicaragua (19) presentan puntuaciones mínimas históricas.
Desde 2017, Honduras (23), Nicaragua (19) y Haití (17) han descendido de manera significativa en las puntuaciones que obtienen en el IPC.

Para conocer la puntuación individual de cada país y los cambios que han tenido a lo largo del tiempo, así como los análisis de cada región, consulte la página del IPC de 2022.

Corrupción, conflicto y seguridad

En las Américas, la corrupción ha debilitado a las instituciones públicas y ha facilitado que prosperen las redes criminales, desestabilizado a los gobiernos y exacerbando la violencia en la región. Este círculo vicioso afecta en particular a las poblaciones más marginadas, como las personas indígenas y afrodescendientes, las comunidades LGBTQ, las mujeres y las niñas, perjudica al medioambiente e impide el buen uso de los recursos naturales.

La combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica ha resultado ser especialmente volátil en Brasil (38), donde el gobierno del presidente Jair Bolsonaro estuvo marcada por el desmantelamiento de las estructuras contra la corrupción, el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura, la desinformación y ataques al espacio cívico.

En enero, tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, sus partidarios lanzaron un ataque violento contra el Parlamento, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial, poniendo en riesgo la vida de policías y periodistas y vandalizando edificios, con el objeto de perturbar la transición pacífica del poder al presidente recientemente elegido, Luiz Inácio Lula da Silva.
Perú (36) ha atravesado años de inestabilidad, con seis gobiernos distintos en un número casi idéntico de años.

En diciembre, ante la inminencia del juicio político relacionado en parte con investigaciones sobre corrupción el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver al Congreso y tomar control del poder judicial y de la fiscalía. Su separación del cargo y la transferencia del poder a la vicepresidenta propició los enfrentamientos más letales ocurridos en décadas entre agentes de las fuerzas de seguridad y manifestantes, que hasta el momento han causado la muerte de más de 50 personas.

En Guatemala, las instituciones del Estado han sido cooptadas por elites políticas y económicas y el crimen organizado, quienes protegen sus propios intereses en detrimento de la mayoría de la población, promoviendo la violencia y amenazado a la democracia en el país.

Bajo esta indebida influencia, el gobierno ha restringido el espacio cívico, iniciado investigaciones criminales contra periodistas, activistas y fiscales. En enero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad tomó medidas que revierten el progreso de la lucha contra la corrupción de años anteriores al excarcelar a un funcionario público acusado de lavado de dinero y tomar medidas legales contra aquellos que le exigieron la rendición de cuentas.

La fragilidad de las instituciones de aplicación de la ley y los altos niveles de corrupción han propiciado la expansión del narcotráfico en el Caribe. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2019, el 50 % de la población en Jamaica (44) y el 61 % en Trinidad y Tobago (42) consideran que la policía es corrupta. Aunque en Trinidad y Tobago la tasa de homicidios bajó durante la pandemia, la criminalidad es un problema significativo para los dos países.

Transparencia Internacional hace un llamado a los gobiernos para priorizar la lucha contra la corrupción, reforzando los mecanismos de pesos y contrapesos, fortaleciendo a las instituciones públicas, reivindicando los derechos a la información y a la libertad de expresión y de prensa, protegiendo a quienes denuncian irregularidades para liberar, finalmente, al mundo de la corrupción y de la violencia que trae aparejada.

Daniel Eriksson, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional, manifestó que “la buena noticia es que los líderes pueden combatir la corrupción y promover la paz al mismo tiempo. Los gobiernos deben abrir los espacios para hacer partícipe a las personas en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta comunidades marginadas y grupos de jóvenes. En las sociedades democráticas, las personas pueden alzar su voz para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro”.

Fuente: ONG Transparencia Internacional

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