Más de 700.000 migrantes han cruzado el Darién en los últimos 18 meses

La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), reveló en su reciente informe que “en el último año y medio, más de 700.000 personas cruzaron el tapón del Darién, una selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá, en su camino al norte, a menudo hacia Estados Unidos”.

Destacó que durante su travesía por este difícil terreno, venezolanos, haitianos y ecuatorianos, así como personas procedentes de países de Asia y África, han sufrido graves abusos, incluyendo violencia sexual. Decenas, si no cientos, han perdido la vida o han desaparecido intentando cruzar la selva. Muchos no han sido encontrados.

Enfatizó que “la situación del tapón del Darién es el resultado de una serie de políticas migratorias deficientes en toda América”.

Buscan protección

En su informe remarcó que “muchos de los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién abandonaron sus países de origen huyendo de violencia, persecución y crisis humanitarias. Buscan protección u oportunidades económicas en el extranjero”.

La exigencia de visados por parte de México y los países centroamericanos, que a menudo promueve Estados Unidos, así como las limitadas alternativas que tienen los migrantes y solicitantes de asilo para regularizar su situación e integrarse en América del Sur, empujan a muchos a migrar a través del tapón del Darién, lo que fortalece el crimen organizado y expone a migrantes y solicitantes de asilo a abusos.

De acuerdo con la ONG, muchos migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién se habían asentado previamente en otros países de América del Sur durante largos periodos. Sin embargo, las limitadas y, en ocasiones, deficientes políticas de regularización e integración generan condiciones de vida inadecuadas o les impiden obtener protección internacional, lo cual obliga a muchos a dirigirse hacia el norte.

Sostuvo que aunque algunos gobiernos latinoamericanos han realizado esfuerzos encomiables para acoger a migrantes y solicitantes de asilo, las políticas de la región con frecuencia han sido insuficientes debido a, entre otras razones, plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos de documentación onerosos y retrasos administrativos.

Capacidad limitada

“Los sistemas de asilo cuentan con una capacidad limitada, lo que provoca retrasos significativos y una aplicación inconsistente de la Declaración de Cartagena, un acuerdo regional que concede protección ampliada a los refugiados y que muchos países han suscrito e incorporado en su legislación nacional”, apuntó.

Al respecto, alegó que aunque ha habido algunas iniciativas nacionales para mejorar la integración de los migrantes, la ausencia de estrategias regionales claras de integración social y económica ha dejado a muchos migrantes sin empleos adecuados y con dificultades para acceder a atención en salud, vivienda, educación y programas sociales. La discriminación, la xenofobia y la violencia sexual son cada vez más frecuentes.

Ante esta situación, Human Rights Watch recomienda implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable, incluyendo a quienes no reúnan los requisitos para obtener el estatuto de refugiado según la legislación nacional.

Mecanismo regional equitativo

De igual forma, aconseja revertir medidas como los onerosos requisitos de visado que impiden el acceso al asilo y obligan a las personas a tomar caminos peligrosos como el tapón del Darién.

Por último, sugiere crear un mecanismo regional equitativo para determinar los Estados responsables de examinar las solicitudes de asilo y proteger a los refugiados, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, factores individuales como vínculos sociales o familiares y preferencias individuales de los solicitantes.

“El mecanismo debería incluir medidas para superar las barreras que llevan a los migrantes y solicitantes de asilo a abandonar los países de acogida, incluyendo el patrocinio legal, el acceso a la vivienda y la rápida obtención de permisos de trabajo mientras las solicitudes de asilo están pendientes de revisión. Al tiempo, debería distribuir los costos de forma justa y dar incentivos a los Estados para compartir esta responsabilidad”, concluyó HRW en su informe.

Fuente: HRW

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