Magistrada y embajadora: el polémico caso de Gladys Gutiérrez en Venezuela

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Gladys Gutiérrez presentó la semana pasada sus credenciales como embajadora del gobierno de Nicolás Maduro en España.

Las funciones de la magistrada como embajadora ante España, sin separarse de su cargo en el TSJ de Venezuela son parte de una práctica de “dudosa constitucionalidad” que envía una “mala señal” en cuanto a la separación de los poderes públicos en el país, según especialistas consultados.

Su ejercicio como diplomática sin renunciar a su magistratura “va en contra” del artículo 148 de la Constitución de Venezuela, que apunta que nadie podrá desempeñar más de “un destino público remunerado” a la vez, a menos que guarde relación con cargos académicos.

Si acepta otro cargo, automáticamente renuncia al primero, según la norma.

Gutiérrez fue expresidenta del máximo organismo judicial e integrante de su Sala Constitucional. La jurista ya había sido representante diplomática del gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías en España, entre 2002 y 2005. Luego, también con el auspicio del ejecutivo, fungió como procuradora de la nación entre 2006 y 2011.

Gutiérrez ejerció también otros cargos cercanos al poder político venezolano antes de ser designada magistrada. En 2010 fue cónsul general en Madrid. Fue ministro consejero de la embajada en España y fue directora de la oficina de secretaría del consejo de ministros de Venezuela.

En 1999, fue postulada por el partido oficialista Movimiento Quinta República a la gobernación del estado oriental de Nueva Esparta, donde no tuvo éxito.

Con su designación como embajadora, que cuenta con el visto bueno de Maduro y de la fracción chavista de la Asamblea Nacional, “es la tercera vez” que el TSJ le permite ejercer “otro cargo remunerado” sin perder su condición de magistrada, según Transparencia, una ONG de origen internacional dedicada a promover prácticas anticorrupción.

“No tuvo que renunciar a su silla en la Sala Constitucional para asumir como embajadora de Venezuela en España, porque la Sala Plena del TSJ le concedió un nuevo permiso para desempeñar sus funciones diplomáticas”, apuntó un portavoz de la organización.

Una práctica de dudosa constitucionalidad
El permiso a Gutiérrez “no es algo nuevo” en el TSJ venezolano, pero se trata de “una práctica de dudosa constitucionalidad”, según la asociación civil venezolana Acceso a la Justicia.

Gutiérrez y otros tres magistrados venezolanos han recibido licencias similares durante la última década. La hoy embajadora ante España recibió un permiso en iguales condiciones en 2020, cuando fue designada como rectora del Consejo Nacional Electoral que realizó las elecciones parlamentarias, donde la oposición no participó por presunto fraude.