Juez federal anula el parole que permitía legalizar a personas casadas con ciudadanos estadounidenses

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, J. Campbell Barker, invalidó ayer jueves un programa de la administración de Joe Biden que tenía como objetivo permitir que inmigrantes no autorizados, casados con ciudadanos estadounidenses, accedieran a un estatus legal y contaran con un proceso simplificado para obtener la ciudadanía estadounidense. El fallo del juez declaró que dicha política es ilegal.

Al respecto, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, obtuvo una orden judicial que anula la regla de “libertad condicional en el lugar” (PIP, por sus siglas en inglés) de la administración Biden-Harris que permitiría a millones de inmigrantes ilegales eludir la ley y obtener la residencia permanente. Bailey se unió a otros dieciséis estados en la demanda.

El pueblo pagó las consecuencias

“Joe Biden y Kamala Harris crearon una crisis en la frontera sur, y el pueblo estadounidense tuvo que pagar las consecuencias. Ante la negativa del gobierno federal a actuar, estados como Missouri no tuvieron más opción que intervenir y tomar medidas para proteger nuestra frontera sur”, dijo el fiscal general Bailey.
“Presentamos una demanda para asegurarnos de que millones de personas no investigadas no invadan nuestras comunidades”, agregó.

El programa ilegal PIP habría permitido que los extranjeros que han estado presentes ilegalmente en los Estados Unidos durante diez años o más recibieran una concesión de “libertad condicional” (sin salir de los Estados Unidos e intentar regresar y solicitar admisión en un puerto de entrada) si el extranjero es el cónyuge o hijastro de un ciudadano estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional de Biden afirmó erróneamente que tiene “discreción ilimitada” sobre quién puede ingresar a nuestra nación sin consultar al Congreso.

Amnistía masiva

Su nuevo programa habría permitido que más de 1,3 millones de inmigrantes ilegales que ya se encuentran en los estados solicitaran la residencia permanente.

En la denuncia, los fiscales generales recordaron a los acusados que el Congreso no ha autorizado dicha amnistía masiva para los inmigrantes ilegales.

En la demanda, los fiscales generales afirmaron que el programa PIP era inconstitucional y pidieron a la Corte que lo bloqueara. La Corte estuvo de acuerdo y concedió su solicitud de anular la norma inconstitucional.

El Fiscal General Bailey se unió a Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Wyoming y America First Legal para presentar la demanda.

Fuente: Oficina del Fiscal General de Missouri

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