EEUU: caso de inmigración ante Corte Suprema pudiera tener implicaciones en libertad de prensa

Un caso que escuchará el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos tiene preocupados a los expertos por la forma en que podría afectar a los periodistas que cubren la inmigración.

El caso, conocido como Estados Unidos contra Hansen, surge de un juicio en 2017 en que un individuo llamado Helaman Hansen fue declarado culpable de cometer fraude en una agencia de adopciones que administraba.

Hansen está tratando de que se anulen partes de ese veredicto, alegando que artículos de una ley federal que penaliza alentar o inducir la inmigración ilegal a EEUU violan los derechos de libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

El gobierno pidió a la Corte Suprema que escuchara el caso después de que una corte menor falló que la ley era “demasiado amplia e inconstitucional”, según el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.

Los expertos de medios coinciden, diciendo que cláusulas tan abiertas podrían dejar a los periodistas a merced de ser juzgados si cubren un cierto margen de temas, desde poca seguridad en la frontera hasta moderaciones de la política migratoria.

En el caso de Hansen, “lo que hizo fue administrar una agencia de adopciones de adultos fraudulenta que prometía falsamente un camino a la ciudadanía (de EEUU)”, dijo Grayson Clary, abogado del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, a la Voz de América.

En una sesión informativa a la prensa, abogados de la Unión de Libertades Civiles dijeron que bajo la llamada cláusula de incitación de la ley federal, es un delito grave “alentar o inducir” a un individuo “a entrar o residir en Estados Unidos” con conocimiento de que esa persona estará violando la ley.

Pero eso es muy amplio, según periodistas y abogados de inmigración, y podría abrir espacio para juzgar a periodistas que publiquen historias veraces cuyo contenido estuviera incluso fuera del contexto de la inmigración.

“Si un reporte de prensa puede ser considerado ilegal por dar a los migrantes ideas de cómo pueden cruzar la frontera, ¿por qué ese mismo razonamiento no pudiera aplicarse, por ejemplo, a críticas a los departamentos de policía que expongan incompetencias que los delincuentes puedan explotar?”, escribió Seth Stern, de la Fundación de Libertad de Prensa, el 15 de marzo.

“¿Y qué de reportar abusos que puedan llevar a los manifestantes a entrar en propiedades del gobierno o violar toques de queda?”, agregó Stern.

Según Stern, “eso no quiere decir que los fiscales no tratarían, y la simple perspectiva de un arresto es seguro que llevaría a la autocensura”.

Violar esas cláusulas implicaría una sentencia máxima de cinco años en prisión, pero si la violación es cometida “con el propósito de ventaja comercial o ganancias financieras privadas” una pena separada puede aumentar la prisión hasta 10 años.

“Nadie quiere defender lo que hizo (Hansen), pero en el contexto de la Primera Enmienda hay una doctrina llamada exceso de amplitud”, dijo Clary.

“Eso significa que aunque uno haya sido juzgado por algo que el gobierno puede prohibir constitucionalmente, aún se puede alegar que la ley utilizada viola la Primera Enmienda”.

En febrero, la Fundación de Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, la Asociación Nacional de Fotógrafos y la Asociación de Líderes de Noticias exhortaron a la Corte Suprema a determinar que la ley federal que penaliza alentar a no ciudadanos a residir en EEUU viola de forma ilegal la Primera Enmienda.

El Departamento de Justicia refirió a la VOA sus alegatos en el caso y dijo que no comentaría sobre el litigio en curso.

Elizabeth Barchas Prelogar, la procuradora general de EEUU, expresó en una nota que “si un acusado colabora en una violación criminal de las leyes de inmigración, el acusado pudiera ser juzgado bajo la prohibición federal general de asistencia y complicidad”.

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