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RussianCorte IDH determinará si El Salvador tiene responsabilidad en el «caso Beatriz»
A 10 años de la muerte de una mujer salvadoreña de 22 años que pidió al gobierno de El Salvador interrumpir su embarazo de forma legal porque padecía enfermedades, la Corte IDH evaluará la responsabilidad del Estado en el llamado "caso Beatriz"
Una mujer salvadoreña desafió al gobierno de El Salvador en 2013 al pedir la interrupción de un embarazo que ponía en peligro su vida, tras ser diagnosticada con lupus, insuficiencia renal y artritis. Además, los diagnósticos indicaban que su feto tenía anencefalia, un grave defecto en el que el bebé nace sin partes del encéfalo y del cráneo.
El Estado salvadoreño, que penaliza el aborto sin excepción alguna, negó la petición.
El bebé murió cinco horas después de nacido y la mujer cuatro años después.
El llamado «caso Beatriz» —la mujer pidió en vida que no se compartiera su nombre completo por seguridad de su familia— supuso una hazaña entonces, y aunque las cortes salvadoreñas siguen sin permitir la interrupción del embarazo, el debate ha vuelto a avivarse a 10 años del caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará este 22 y 23 de marzo si el Estado salvadoreño tiene o no responsabilidad en la presunta violación de los derechos a la vida de la joven fallecida, así como a su integridad personal, a sus garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y al derecho a la salud.
El caso podría ser emblemático, aseguran los expertos, y sentar un importante precedente en El Salvador, en la región y el mundo, aseguran los expertos.
«Beatriz representa una oportunidad para que los casos que vienen después puedan continuar ampliando el tema y la importancia de los derechos reproductivos», explicó Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador a favor de la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos señalan que el «caso Beatriz» es una combinación de factores de vulnerabilidad y discriminación asociados a la condición de mujer joven y persona en situación de pobreza.
«La negación o la imposición de barreras para el acceso a un aborto seguro constituye discriminación y violencia en contra de las mujeres y las personas con capacidad de gestar», dijo Marisol Escudero, coordinadora de contenidos y estrategia jurídica de Ipas Latinoamérica y El Caribe, una de las organizaciones colitigantes del «caso Beatriz».
«Beatriz era una mujer joven que vivía en condiciones de pobreza y en un contexto rural, lo que ya la colocaba en una posición vulnerable a enfrentar barreras estructurales para el acceso a servicios de salud», dijo Escudero a la Voz de América.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se encuentra entre las que buscan que la Corte IDH declare la responsabilidad internacional de El Salvador por supuestas violaciones de derechos humanos en el «caso Beatriz».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró en 2020 que si bien la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, «el dolor y sufrimiento que atravesó Beatriz desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con posterioridad al nacimiento y muerte, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes».
La Comisión declaró «responsable» al Estado de El Salvador por la violación de derechos humanos establecidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También en la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.