Inmigración bajo vigilancia

SAN FRANCISCO, California. Expertos en inmigración, tecnología y libertades civiles advirtieron sobre la rápida expansión de los sistemas de vigilancia en Estados Unidos y su impacto en comunidades inmigrantes, en medio de un escenario en el que el uso de bases de datos, inteligencia artificial y monitoreo digital se vuelve cada vez más amplio y menos transparente.

El análisis se dio durante “No Place Left to Hide”, un encuentro organizado por American Community Media en alianza con San Francisco Local Media Coalition, centrado en el uso de tecnología de vigilancia y sus implicaciones para la privacidad, la participación cívica y los derechos democráticos. La conversación fue moderada por Jaya Padmanabhan y reunió, en este orden, a Ariel G. Ruiz Soto, Jacob Ward y Juan Sebastián Pinto.

Padmanabhan abrió el diálogo con una advertencia que marcó el tono del encuentro: “La vigilancia ahora alcanza la inmigración, la policía, la vivienda, la salud y las libertades civiles. Y gran parte del público no sabe hasta qué profundidad llega”. También subrayó que uno de los objetivos era ayudar a los periodistas a comprender mejor el alcance de estas prácticas.

Una red cada vez más amplia

El primero en intervenir fue Ariel G. Ruiz Soto, analista senior de políticas del Migration Policy Institute, quien explicó que la tecnología en la aplicación de leyes migratorias no es algo nuevo, aunque sostuvo que su integración actual entre agencias y sistemas ha alcanzado un nivel sin precedentes.

“La administración Trump está dando pasos sin precedentes para ampliar el alcance de los sistemas de datos y de las operaciones interoperables entre instituciones gubernamentales”, afirmó Ruiz Soto.

Según explicó, nuevos contratos y acuerdos de intercambio de datos están deshaciendo barreras que antes limitaban el acceso a información sensible. “Los nuevos contratos y alianzas que estamos viendo, no solo sobre datos sino sobre el intercambio de datos, están derribando barreras de larga data para que ICE pueda obtener información de inmigración, impuestos, salud, servicios sociales e incluso bases de datos fronterizas”, señaló.

El experto mencionó entre esas fuentes registros del DMV, centros de fusión de datos, acuerdos 287(g), información tributaria, beneficios públicos, historiales de viaje, teléfonos celulares y redes sociales. A su juicio, el problema ya no es solo cuánta información se recopila, sino cómo puede cruzarse, buscarse y reutilizarse entre instituciones.

El efecto paralizante sobre las comunidades

Ruiz Soto advirtió que el aumento en la recopilación de datos no necesariamente se traduce en una aplicación más efectiva de la ley, pero sí genera consecuencias humanas inmediatas. “Más datos e información no se traducen automáticamente en más arrestos de no ciudadanos”, dijo, al mencionar límites operativos, capacidad de detención y garantías de debido proceso.

También alertó sobre el temor que esto provoca en familias inmigrantes, especialmente cuando deben compartir información en hospitales, escuelas o programas públicos. “Creo que eso forma parte de las tácticas de la administración Trump para generar ese efecto paralizante que reduzca el acceso de las personas a servicios”, afirmó.

Más adelante resumió otra de las preocupaciones de fondo: “Una vez que un sistema ya ha sido creado, es difícil eliminarlo de su existencia”. Para Ruiz Soto, el desafío no pasa solo por frenar nuevas medidas, sino por el hecho de que las estructuras creadas hoy pueden quedar disponibles para futuras administraciones.

Del uso cotidiano de la tecnología al panóptico digital

El segundo en hablar fue el periodista Jacob Ward, autor y observador de largo recorrido sobre las consecuencias sociales de la tecnología. Ward explicó que su preocupación comenzó hace años, cuando vio cómo agencias vinculadas a defensa e inteligencia financiaban proyectos capaces de identificar la ubicación exacta desde donde se tomó una fotografía o seguir a una persona entre miles de imágenes públicas.

Con el tiempo, dijo, la preocupación dejó de ser individual.

“Hemos creado de pronto una reserva panóptica de datos, una reserva de información que hace posible el panóptico”, afirmó.

Ward sostuvo que redes sociales, dispositivos inteligentes y plataformas digitales han terminado creando un depósito masivo de información que facilita la vigilancia, muchas veces con la participación voluntaria de los propios usuarios. Recordó incluso una conversación con el fundador de Clearview AI, quien le dijo: “Cuando subes algo a las redes sociales, estás renunciando a tu derecho a la privacidad”. Ward respondió entonces con una objeción de fondo: “Nadie sabía eso”.

Sin leyes federales que pongan freno

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue la ausencia de límites claros a nivel nacional. “No tenemos leyes federales de privacidad de datos. No tenemos leyes federales de transparencia de datos”, afirmó. Para Ward, eso ha dejado el terreno abierto a empresas y gobiernos en un momento en el que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación.

A su juicio, el riesgo no desaparece aunque estas herramientas se vuelvan más precisas. “Van a detener cada vez más a las personas que quieren detener usando esta tecnología”, dijo, al advertir que el verdadero problema está en cómo las autoridades terminan usándolas como sustituto de investigaciones más rigurosas.

El relato corporativo y la normalización del control

El tercer expositor, Juan Sebastián Pinto, ex trabajador de Palantir y hoy crítico del modelo de vigilancia tecnológica, centró su intervención en la narrativa construida por las grandes empresas del sector.

Pinto explicó que en Palantir trabajó presentando estos sistemas a clientes del Pentágono y del sector privado, una experiencia que le permitió ver de cerca la distancia entre la narrativa pública y el uso real de estas plataformas. “Yo trabajaba explicando estos sistemas a personas en el Pentágono y a clientes comerciales. Y creo que esa experiencia me ayudó realmente a entender dónde estaban las mentiras”, afirmó.

Según dijo, buena parte de la industria intenta convencer al público de que estas tecnologías son inevitables. “Estas tecnologías se presentan como inevitables, como si fueran necesarias”, señaló, al cuestionar el lenguaje con el que se justifica su expansión. También acusó a muchas compañías de escudarse en decisiones gubernamentales para eludir responsabilidades éticas.

Pinto fue todavía más lejos al asegurar que herramientas desarrolladas en contextos militares y de contrainsurgencia ahora aparecen en escenarios civiles dentro de Estados Unidos. “Vemos las plataformas de Palantir en Estados Unidos siendo utilizadas para aplicar tácticas de contrainsurgencia contra manifestantes estadounidenses y contra migrantes”, sostuvo.

La pelea por los límites de la inteligencia artificial

En la recta final del intercambio, Pinto se refirió al debate sobre Anthropic y la presión del gobierno para acceder a versiones menos restringidas de sistemas de inteligencia artificial. Según dijo, reducir la discusión al uso de armas autónomas es quedarse corto.

“Hay muchas formas en que la inteligencia artificial se usa por fuera de los sistemas de armas totalmente autónomas y que aun así ponen en peligro inmediato a todos aquí”, advirtió. Entre ellas mencionó la integración de datos gubernamentales, el rastreo de personas en sus casas y las posibles violaciones a la Cuarta Enmienda.

También alertó sobre el objetivo de fondo de estas compañías: no siempre quedarse con la información individual, sino aprender patrones que luego puedan aplicarse sobre grupos enteros. “Las compañías de inteligencia artificial no necesariamente quieren tu información específica, pero sí quieren aprender sobre todos los que comparten tus características y se comportan como tú en el futuro”, afirmó.

Un debate que ya no se limita a los inmigrantes

Aunque el foco principal del encuentro fue la vigilancia aplicada a la inmigración, los tres panelistas coincidieron en que las herramientas probadas hoy sobre poblaciones vulnerables pueden terminar extendiéndose mucho más allá.

Ruiz Soto lo resumió al advertir que esta arquitectura emergente de vigilancia plantea interrogantes que van mucho más allá de los inmigrantes. Ward, por su parte, insistió en que el problema de fondo no es solo tecnológico, sino democrático: quién controla los datos, bajo qué reglas y con qué posibilidades reales de supervisión pública.

El resultado, coincidieron, es una realidad en la que la privacidad deja de erosionarse de forma abstracta y empieza a afectar decisiones cotidianas: ir al médico, llenar un formulario, publicar una imagen, participar en la vida cívica o simplemente moverse por el espacio público.