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El Departamento de Justicia informó que un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó una acusación formal al propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana por su papel en un plan de 1.200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos corruptamente de la empresa energética estatal y controlada por el Estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
En un comunicado destacó que según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario (Gorrín), de 56 años y oriundo de Venezuela, conspiró con otros para blanquear las ganancias de un plan de sobornos ilegales utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.
Las ganancias ilícitas
Gorrín y sus co-conspiradores pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener contratos de préstamos de cambio de moneda extranjera con PDVSA.
Gorrín y sus co-conspiradores posteriormente dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrín y sus co-conspiradores utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.
“Según la acusación formal, Gorrin y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para obtener más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas, que Gorrin y sus cómplices utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
“La presunta conducta de Gorrin enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias delictivas”.
Combatir la corrupción
“Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar por sus delitos a quienes subvierten la integridad del sistema financiero estadounidense”, dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Sostuvo que su oficina seguirá colaborando con las Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) para identificar, desmantelar y procesar a quienes lavan dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus nefastos planes.
“Esta acción de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que trabaja contra las actividades ilegales globales con nuestros socios internacionales y nacionales, defiende de manera significativa el Estado de derecho”, dijo la directora ejecutiva asociada de HSI, Katrina W. Berger.
A su juicio, este caso demuestra la presencia global de HSI y nuestro compromiso de frenar el flujo de fondos ilícitos al tiempo que aplicamos las sanciones estadounidenses. También sirve como un duro recordatorio de que no se tolerarán el crimen y la corrupción”.
¿A qué se enfrenta Raúl Gorrín?
Gorrín está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Este sujeto se encuentra prófugo en un caso por separado.
El grupo de trabajo El Dorado de HSI Miami está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades del Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta brindaron asistencia.
El abogado litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraude de la División Penal y la fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham para el Distrito Sur de Florida están a cargo del caso. El fiscal federal adjunto Joshua Paster para el Distrito Sur de Florida está a cargo de la confiscación de activos.
Esta iniciativa forma parte de una operación de la OCDETF, que identifica, desbarata y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque multiinstitucional, dirigido por fiscales y basado en información de inteligencia.
Fuente: Departamento de Justicia de EEUU