Spanish
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
RussianONU renueva mandato de misión que ha documentado crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Se aprobó una resolución que extiende por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió por dos años más el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para DD. HH. de la ONU (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM en inglés) para continuar la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país suramericano.
La resolución, impulsada por Argentina, Chile y 50 copatrocinadores, se aprobó con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones.
Labor investigativa
Estos gobiernos buscan continuar la labor investigativa de la FFM sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, entre otras, “con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DD. HH. de la ONU por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones cometidas desde 2014. Tras terminar su primera etapa de labor, fue renovada en octubre de 2022 con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones. Esta sería su segunda extensión de mandato.
Maduro y compañía
En sus informes, la FFM ha concluido que individuos de alta jerarquía han cometido “crímenes de lesa humanidad” y ha señalado al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión, que se agudizaron luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según su actualización más reciente.
Al menos 27 personas murieron y más de 2.200, – entre ellas menores de edad y discapacitados-, fueron detenidos en el contexto de las protestas contra los resultados electorales que dieron como ganador a Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que publicó actas y videos que demostrarían el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.
La FFM documentó desapariciones forzadas, casos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual.
El gobierno venezolano, que no reconoció la resolución, considera a la FFM “írrita” o nula y ha asegurado que sus reportes son falsos y que pretenden lograr un cambio de gobierno en el país.
¿Qué se le pide al Gobierno?
La resolución aprobada por la ONU insta al gobierno de Caracas a cesar inmediatamente todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas, abogados, defensores de DD. HH. y quienes han participado en el proceso electoral.
Igualmente, expresó preocupación por la ” erosión del Estado de derecho”, así como la ausencia de independencia del sistema de justicia que “contribuyen a la impunidad” y solicitó la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria.
El texto además “exhorta a todas las partes interesadas y a los actores políticos y sociales a que no recurran a actos de violencia y represión que puedan poner en peligro la solución pacífica de la crisis venezolana”.
Situación de los DDHH
También pide al Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, que continúe vigilando la situación de los DD. HH. en Venezuela, al tiempo que insta al gobierno de Maduro a volver a cooperar “plenamente” con esa instancia, y conceda “acceso inmediato, pleno y sin restricciones” a todo el país.
En abril, el gobierno venezolano se comprometió con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a permitir el regreso del ACHNUD, tras suspender sus actividades argumentando falta de imparcialidad, luego de que afirmó que la detención de la abogada experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, pudo haber calificado como una desaparición forzada.
La aprobación de la resolución ocurre poco más de un mes después de que Argentina exhortó a la fiscalía de la CPI a solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia que se emitan órdenes de captura contra Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno.