¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador?
Luego de un régimen de excepción y varias reformas penales, El Salvador parece convertirse en un territorio libre de pandillas. Ese modelo de seguridad ha pasado por varios procesos desde marzo de 2022.
Para el gobierno de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son un cáncer social que se debe eliminar ahora o nunca. Para los salvadoreños, cuyas vidas estaban sometidas a las reglas de las maras en los barrios, la postura gubernamental es un alivio.
El Salvador parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose?
En 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.
Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio de 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal.
El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio 20 días después de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron.
“Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios”, dijo en 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes.
El Plan Control Territorial fue valorado inicialmente en 575 millones de dólares.
Pero las dos principales pandillas ordenaron en varias ocasiones “abrir válvulas”, que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre de 2019, abril de 2020, octubre de 2020 e inicios de 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local.
El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. El Salvador amaneció con la alerta de que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 habían ordenado abrir válvulas. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales.
El gobierno, que había sido cuestionado por supuestamente negociar con estos grupos, de acuerdo con investigaciones periodísticas, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele.
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