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El impuesto del miedo: la extorsión en El Salvador, Guatemala y Honduras

La extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica sigue siendo vista como el motor económico de las pandillas y bandas comunes. Dos de tres países de la región han declarado regímenes de excepción para contener los delitos cometidos por estos grupos.

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Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 han hecho del homicidio en algunos países de Centroamérica su forma de sometimiento: mediante el compromiso de no asesinar a comerciantes de pequeñas y medianas empresas, estos grupos han exigido por años una cuota monetaria conocida como el «impuesto del miedo» o el «impuesto del terror».

Aunque no se conoce un dato oficial del dinero que las pandillas reciben a través de la extorsión, el estudio ‘Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras’, publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con sede en Honduras, estima que cada año ese país paga alrededor de 737 millones de dólares en extorsión.

En El Salvador, la cifra ha llegado hasta los 756 millones de dólares, según la estimación del Banco Central de Reserva de ese país hace unos años. Mientras que en Guatemala, la organización Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, revela que la extorsión llega hasta los 57 millones de dólares cada año.

La Voz de América entrevistó a Juan Martínez d’Aubuisson, antropólogo y uno de los autores del estudio de la ASJ, quien explicó que en Honduras no solo la pandilla extorsiona, sino también otros grupos que se hacen pasar por pandilleros para infundir mayor temor.

D’Aubuisson es de la idea de que la Mara Salvatrucha, en Honduras, evolucionó a un “monstruo de mil cabezas” y su potencia extorsiva no se concentra únicamente en comercios, sino que subsiste también de inversiones en negocios lícitos e ilícitos y también del narcotráfico.

Desde inicios de diciembre, Honduras mantiene un régimen de excepción en barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a consecuencia del aumento de la extorsión a conductores de ómnibus y otros, según Xiomara Castro, presidenta de ese país, quien en una conferencia de prensa decretó “emergencia nacional” por los hechos.

Coaccionar a los transportistas a darles dinero a cambio de respetar sus vidas fue uno de los primeros métodos usados por las pandillas en El Salvador para cobrar la extorsión, según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

“Al principio, las pandillas en El Salvador se financiaban por diversas vías, desde la petición de ‘colaboraciones voluntarias’ entre los habitantes de los barrios hasta el asalto; pero, cuando las estructuras empezaron a crecer, necesitaron fuentes de ingreso más estables y entonces surgió la idea de practicar extorsiones extendidas y constantes”, explica GI-TOC en un estudio publicado a finales de 2021.

Honduras y El Salvador tienen un sistema de transporte mixto en el que, si bien las líneas de buses son del Estado, las unidades son propiedad de empresarios. Por lo que ser extorsionados por pandillas fue relativamente fácil, según GI-TOC, pues los pandilleros no necesitaban salir de sus barrios para cobrar la extorsión, con lo que se disminuía el riesgo a ser capturados.

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