Transferencia de parques a estados podría afectar conservación y acceso

Por Johani Carolina Ponce

El presidente Donald Trump firmó el 3 de julio de 2025 una orden ejecutiva que busca “modernizar” el sistema de parques nacionales mediante el aumento de tarifas para turistas extranjeros y la prioridad en permisos para ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con la Casa Blanca, esta iniciativa tiene como objetivo generar más ingresos para conservación e infraestructura, argumentando que los visitantes internacionales deberían pagar más que quienes contribuyen con impuestos en el país. Sin embargo, líderes ambientalistas y legisladores advierten que esta propuesta, junto con un plan paralelo incluido en el presupuesto federal de 2025 para transferir la gestión de algunos parques a gobiernos estatales, podría tener consecuencias graves.

Dan Ritzman, del Sierra Club, calificó la propuesta como una fachada para encubrir una política ambiental deficiente. También preocupa una cláusula incluida en el presupuesto federal de 2025 que plantea transferir la administración de ciertos parques nacionales a los gobiernos estatales, especialmente aquellos con menor afluencia. Esta transferencia, según el senador demócrata Martin Heinrich, implicaría una carga para los estados, que no recibirían recursos federales ni acceso a fondos clave.

Impacto económico y déficit de mantenimiento en los estados

Los impactos económicos ya han sido detallados por la organización Climate Power en informes específicos. En Carolina del Norte, por ejemplo, los parques nacionales generaron en 2023 más de $4,100 millones en impacto económico y 38,800 empleos. El estado enfrenta un déficit de mantenimiento de $646 millones y necesitaría más de 270 empleados adicionales para administrar los parques si se concreta la transferencia.

En Iowa, los efectos serían significativos. En 2023, sus parques nacionales, como el Monumento Nacional Effigy Mounds o el Sitio Histórico Nacional Herbert Hoover, recibieron 172,000 visitantes que gastaron cerca de $11.9 millones, generando $15.8 millones en impacto económico y respaldando 172 empleos. Iowa enfrenta un déficit de mantenimiento de $21 millones, que el estado tendría que asumir si pierde acceso al financiamiento federal del Great American Outdoors Act. Además, necesitaría contratar al menos 22 empleados adicionales para mantener las operaciones actuales. Como en otros estados, Iowa tendría que cubrir los costos con su propio presupuesto, introducir nuevas tarifas o incluso cerrar unidades de parque.

Georgia también sería afectada: sus parques recibieron 6.8 millones de visitantes y generaron más de $400 millones en gastos turísticos, respaldando 5,740 empleos. Pero el déficit de mantenimiento de $134 millones y la falta de personal representarían un desafío enorme. Lo mismo ocurre en Texas y Arizona, donde los déficits de mantenimiento superan los $400 millones y $1,500 millones, respectivamente.

El informe de Climate Power también resalta el impacto potencial en Pennsylvania, donde los parques nacionales generaron $663 millones en impacto económico en 2023 gracias a los 8.3 millones de visitantes, apoyando más de 6,100 empleos. El estado enfrenta un déficit de mantenimiento de $589 millones, incluyendo $430 millones fuera de los parques más emblemáticos como Independence Hall o el Memorial del Vuelo 93. Además, tendría que contratar a más de 460 empleados para asumir las operaciones sin el respaldo del Servicio de Parques Nacionales. Bajo control estatal, Pennsylvania perdería el acceso a fondos federales esenciales como los provistos por el Great American Outdoors Act, lo que podría resultar en tarifas más altas, menor calidad de servicios y posible cierre de parques.

Posible exclusión de comunidades vulnerables

Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto en el acceso público. En Georgia, por ejemplo, Climate Power estima que el precio de los pases anuales podría duplicarse de $200 a $400, restringiendo aún más el ingreso de familias de bajos recursos. Esta exclusión afectaría desproporcionadamente a comunidades vulnerables.

Además, expertos como Kristen Brengel, de la National Parks Conservation Association, advierten que la medida será inviable sin el personal adecuado. Durante los primeros meses de 2025, la administración eliminó puestos clave, como brigadistas y empleados estacionales, lo que compromete la seguridad, el mantenimiento y la conservación de los parques. Brengel exige que se excluya al Servicio de Parques Nacionales del congelamiento de contrataciones y se restituya el personal eliminado.

Un debate aún abierto sobre el futuro de los parques

La propuesta, presentada por la administración como una medida de eficiencia y sostenibilidad, genera gran preocupación entre ambientalistas, legisladores y comunidades locales. El riesgo de trasladar responsabilidades sin respaldo financiero amenaza con deteriorar los servicios, limitar el acceso público y debilitar los esfuerzos de conservación en todo el país. La discusión sobre quién debe gestionar los parques nacionales permanece abierta, con implicaciones profundas para la equidad, la protección ambiental y la economía de zonas rurales.