Soberanía popular: ciudadanía y representación

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Es función de los Estados garantizar a los ciudadanos el cumplimiento del pacto social acordado y consagrado en sus Cartas Sustantivas. En la República Dominicana la soberanía popular está establecida en la Constitución en el Artículo 2: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen la Constitución y las Leyes”.

El Estado dominicano se acoge a esa corriente democrática, con sustento en los ideales que formaron parte del motor que impulsó la Revolución Francesa de 1789, y fueron asumidos por la mayoría de los Estados del mundo: “Estado Social Democrático y Derecho”.

La República Dominicana, según lo enuncia el Artículo 7 de la Constitución, es un Estado “Social Democrático de Derechos”, del que se desprenden otras atribuciones, también importantes, siendo la soberanía popular y la independencia de los poderes públicos la base en la que sustenta la democracia representativa del país.

La soberanía popular es una categoría superior del Estado. En ella se encuentra la base fundamental en la cual se sustenta el Estado-Nación. Es esta junto al territorio, la soberanía y el pueblo, los elementos que les dan aquiescencia al surgimiento de un Estado con base democrática.

La soberanía popular alude al poder delegado a los ciudadanos de una nación, para que a través de sus representantes elegidos mediante procesos democráticos, transparentes y libres, ejerzan la autoridad ante las instituciones, para que les gobiernen y les representen, como si fueran ellos mismos.

Se desprende de lo antes expuesto que es el pueblo el responsable de elegir a las autoridades que habrán de crear las leyes, las instituciones y los mecanismos necesarios para que se hagan efectivos los derechos de un real “Estado Social Democrático y de Derecho”.

Todo el andamiaje jurídico del aparato de la nación presupone que están dadas las condiciones, para que los ciudadanos se sientan representados por las instituciones de donde emanan las decisiones del Estado.

Por ello se hace necesario ejercitar e incentivar en la base social la rendición de cuentas a todos los niveles de los que ocupan puestos públicos por mandato, a fin de confirmar si están cumpliendo. Obligatorio es requerir cuentas con un régimen de consecuencias, a quienes el Soberano ha elegido para que realicen tal función.

 

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